**Drones atacan sede de la Fiscalía en Tijuana** La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) ha confirmado que un ataque ocurrido el 15 de octubre en su sede de la unidad antisecuestros en Playas de Tijuana fue llevado a cabo mediante drones. Estos dispositivos lanzaron tres artefactos explosivos improvisados, lo que ha llevado a las autoridades a investigar el incidente bajo el delito de terrorismo. La fiscal general, Magdalena Maldonado Ramírez, informó que el ataque se registró a las 19:06 horas en la sede de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro, ubicada en la colonia Playas de Tijuana. En ese momento, había personal en las instalaciones, incluyendo empleados que regresaban de audiencias. Maldonado Ramírez explicó que se escucharon detonaciones y que los agentes notaron la caída de explosivos en el patio de la unidad. Los artefactos eran botellas de plástico llenas de pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos, que estaban enganchados a drones operados a distancia. La fiscal destacó que estos dispositivos no son bombas molotov ni mecanismos incendiarios tradicionales, sino artefactos que, al impactar, esparcen su contenido, causando daños a vehículos y cristales. Las imágenes y videos mostraron orificios en los vehículos y daños en los vidrios laterales y traseros, provocados por los fragmentos metálicos. Se informó que los explosivos se dirigieron exclusivamente al patio de la unidad, afectando a tres vehículos particulares y uno oficial. Aunque los daños fueron significativos, no se destruyeron los autos ni se provocaron incendios. La FGE aclaró que no hubo heridos ni incendios, y se descartó que los agresores dispararan armas de fuego durante el ataque. Sin embargo, se reconoció que tras el atentado, agentes de seguridad realizaron disparos preventivos ante el sobrevuelo de un dron, cuyo origen aún no ha sido confirmado. Este ataque marca la primera vez que se documenta el uso de drones para un ataque directo contra la fiscalía en Baja California. La fiscal general indicó que los artefactos fueron operados a distancia y podían transportar explosivos a varios kilómetros antes de ser detonados. La investigación se lleva a cabo bajo la figura penal de terrorismo, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y otras corporaciones federales. Las autoridades no descartan un vínculo con ataques previos a la fiscalía, especialmente aquellos ocurridos en septiembre, y asocian el atentado con la presión generada por recientes detenciones de líderes de grupos criminales. Maldonado Ramírez subrayó que este tipo de agresiones es una respuesta al trabajo de combate a delitos de alto impacto, como homicidios y secuestros, destacando que se han realizado más de dos mil cateos y detenciones desde enero. Respecto a los agresores, la fiscal confirmó que se sospecha de la participación de grupos con recursos y capacidad para utilizar tecnología avanzada. Sin embargo, la información sobre su identidad se mantiene reservada. La fiscal enfatizó que el ataque no tuvo como objetivo a la población civil, sino que fue dirigido específicamente al patio de la institución. La investigación enfrenta retos adicionales debido a la falta de presencia física de los agresores, lo que dificulta la identificación de rostros o vehículos. A pesar de esto, la fiscal aseguró que cuentan con tecnología y recursos para seguir el caso, reafirmando su compromiso de que este ataque no quede impune.