El proceso judicial que podría revertir el acuerdo para la impresión de pasaportes en Colombia tomó un giro decisivo tras la reciente demanda presentada por la Procuraduría General ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El organismo solicita la nulidad absoluta del contrato estatal de 1,3 billones de pesos suscrito entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal , alegando que el convenio vulnera los principios fundamentales de la contratación pública.

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