La Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) determinó ayer que ninguna autoridad judicial podrá reducir la pena impuesta por un delito de feminicidio con base en el argumento de reinserción social, al emitir una jurisprudencia obligatoria para jueces y magistrados del país.

El asunto se centra en el caso de Diego Urik Mañón , quien fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio de Jessica González Villaseñor , ocurrido en 2020 en Morelia , Michoacán .

Un tribunal local había aprobado que su pena fuera rebajada a 42 años y medio, pero ese fallo fue revocado por la SCJN .

El pleno de la SCJN , a propuesta de la ministra Loretta Ortiz Ahlf , aprobó por unanimidad que la reinserción social prevista en el artículo 18 constitucional puede orie

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