**¡Crisis Legislativa! Menem Envía Reforma de DNU al Senado**

En un giro inesperado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha enviado al Senado el proyecto que limita la capacidad de los presidentes para dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esta acción se produjo el jueves por la tarde, tras una serie de críticas de la oposición que acusaron a Menem de dilatar el proceso legislativo. La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto la semana pasada, pero un artículo fue rechazado, lo que obligó a que el texto regresara al Senado para su revisión.

La maniobra de Menem parece haber tenido éxito, ya que logró evitar una sesión en la Cámara alta que podría haber resultado desfavorable para el Gobierno antes de las elecciones del 26 de octubre. El proyecto ahora se encuentra en la Comisión de Asuntos Institucionales, liderada por la peronista disidente Alejandra Vigo, quien fue una de las impulsoras de la ley. La comisión deberá decidir si acepta los cambios realizados en Diputados o si insiste en la versión original del Senado.

Sin embargo, el tratamiento en la comisión no se llevará a cabo antes de la próxima semana, lo que significa que es poco probable que se convoque a una sesión antes de las elecciones. La oposición, que busca debilitar al oficialismo, ha expresado su frustración. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó una nota formal exigiendo la "inmediata comunicación" al Senado. Ferraro afirmó: "Le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos al Senado. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas".

Las autoridades de la Cámara de Diputados han defendido su posición, negando que se trate de una maniobra dilatoria. Argumentan que se encuentran dentro de los plazos razonables y que la falta de actividad legislativa el viernes pasado se debió a un feriado. Además, señalaron que en la misma sesión se aprobaron varias interpelaciones que debían realizarse.

El proyecto, que cuenta con un amplio consenso en el Senado, modifica la ley 26.122 de 2006, impulsada por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner. Uno de los puntos más destacados es que ambas Cámaras deben pronunciarse sobre la validez de los decretos para su ratificación, lo que permite a la oposición invalidar decretos con una mayoría en una de las Cámaras. Sin embargo, el artículo rechazado establecía un límite de 90 días para que el Congreso se pronuncie, y de no hacerlo, los decretos perderían validez. La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno en la recta final de la campaña electoral.