La controversia en torno a la suspensión de la alocución presidencial de Gustavo Petro escaló más allá de la decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que, además de prohibir la transmisión del discurso, expidió una serie de requisitos para la difusión de ese tipo de contenidos audiovisuales.

La decisión, que Petro catalogó como “arbitraria”, se amplificó en los medios: Rtvc Sistema de Medios Públicos acusó públicamente a la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) de impulsar acciones que, según la entidad, constituyen un intento de censura sobre los medios públicos.

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En un comunicado, la entidad estatal denunció lo que consideró una injerencia indebida en sus decisiones editorial

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