El problema del ruido en residencias urbanas, que durante años ha sido la principal causa de disputas y conflictos de convivencia en el país, ha pasado de ser una simple molestia a una infracción con severas consecuencias económicas. Una reciente y robusta normativa, concretamente la Ley 2450 de 2025, ha entrado en vigor para poner un ‘tatequieto’ definitivo a los altos volúmenes, facultando a las autoridades para imponer multas que, en sus topes más altos para reincidentes, podrían rozar los $22 millones de pesos colombianos para personas naturales.

La Ley, conocida popularmente como la "Ley contra el Ruido", establece un marco legal claro que tipifica el ruido excesivo como una forma de contaminación acústica y ambiental, elevando el asunto a una preocupación de salud pública.

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