El Presupuesto de Inversión de 2026, por $88,4 billones, fue presentado por el Gobierno como un triunfo de la planeación territorial. Sin embargo, tras su aprobación en segundo debate, la lluvia de críticas desde distintos sectores políticos y regionales evidencia que el consenso es, al menos, aparente y que detrás de las cifras y los discursos de equidad territorial, persisten dudas sobre la verdadera capacidad de ejecución del Estado en las regiones y sobre la forma en que se distribuyeron los recursos.

Tan pronto como se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026, desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) insistieron en que el proceso de regionalización representa un avance histórico y según su directora, Natalia Irene Molina Posso, el presupuesto “es el resultado

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