Este viernes se presentó un proyecto de Ley que exige la derogación de la Resolución 300/2025, que permite la utilización de territorios comunitarios ancestrales por parte de sectores empresarios e inmobiliarios. En el texto además se reclama que "se garantice la participación de comunidades originarias, organizaciones ambientalistas y ciudadanía en general en las decisiones sobre los Parques Nacionales".

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