Ahora la Cámara Federal deberá resolver si los funcionarios que se negaron a comparecer ante Diputados podrán ser citados de manera compulsiva para declarar.

Pese a los intentos del Gobierno por barrer el criptoescándalo bajo la alfombra, y aunque en la Casa Rosada celebraron como un triunfo la negativa inicial del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a conceder el auxilio de la fuerza pública solicitado por la comisión investigadora, el escenario cambió. El magistrado hizo lugar a la apelación de los integrantes de la comisión y ahora será la Sala I de la Cámara Federal —que ya fijó audiencia para el 27 de octubre— la que deberá resolver si los funcionarios que se negaron a comparecer podrán ser citados de manera compulsiva para declarar. Entre los apuntados figuran la hermana del Pr

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