El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta una nueva controversia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha abierto una investigación preliminar sobre su candidatura al Senado de la República, programada para las elecciones del 8 de marzo de 2026. Esta indagación se centra en la posible inscripción irregular de su candidatura y en la financiación de su campaña, lo que podría afectar su elegibilidad.

La decisión fue tomada por el magistrado Altus Baquero, quien emitió el Auto CNE-E-DG-2025-021541 el 8 de octubre. La investigación se basa en denuncias que sugieren que Uribe podría estar inhabilitado para aspirar a un cargo en el Congreso, de acuerdo con el artículo 179 de la Constitución Política. Este artículo establece que no pueden ser congresistas quienes hayan sido condenados a pena privativa de libertad, salvo en casos de delitos políticos o culposos.

Uribe fue condenado en primera instancia a prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal, aunque esta decisión está siendo apelada. La denuncia que originó la investigación fue presentada por Inder Alonso Ramírez Pérez, quien solicitó la revocatoria de la inscripción de Uribe.

El CNE ha otorgado un plazo de diez días hábiles al expresidente para que presente su defensa y aporte pruebas en su favor. Además, se ha ordenado la recopilación de toda la documentación relacionada con su candidatura, incluyendo formularios específicos y la verificación de las pruebas aportadas por el denunciante.

La apertura de esta investigación ha sido notificada a todas las partes involucradas y se publicará en las páginas web del CNE y de la Registraduría Nacional, garantizando así la transparencia del proceso. Es importante destacar que esta decisión no admite recursos, lo que significa que la investigación preliminar está en firme.

La situación de Uribe podría tener un impacto significativo en la estrategia electoral del Centro Democrático, partido que lo respalda. La resolución del CNE no solo determinará la validez de su candidatura, sino que también establecerá un precedente sobre la aplicación de inhabilidades constitucionales a líderes políticos de alto perfil. La investigación se encuentra en su etapa preliminar, y se espera que el análisis de pruebas y la verificación de fechas sean cruciales para la resolución final.