La política peruana enfrenta una nueva crisis tras la destitución de Dina Boluarte como presidenta de la República. Este acontecimiento ha reavivado el debate sobre los límites de la vacancia presidencial y la necesidad de establecer reglas claras en los procedimientos parlamentarios. La salida de Boluarte se llevó a cabo de manera acelerada, en un debate convocado por el Congreso con plazos mínimos y en horas de la madrugada. Especialistas han calificado este hecho como una vulneración a las garantías constitucionales y al orden jurídico vigente. La controversia no solo se centra en las acusaciones, sino también en el procedimiento. Se ha criticado el escaso tiempo otorgado para la defensa de Boluarte y la falta de transparencia durante el proceso. Joseph Campos, abogado de la exmandataria, comentó en una entrevista que la situación es grave e inédita en el país. "Ojalá que la presidenta se anime a interponerla [una acción de amparo] porque este tipo de situaciones no se pueden volver a repetir", afirmó Campos. Denunció que Boluarte solo tuvo cincuenta y seis minutos para defenderse. "Lo lógico era desarrollar públicamente el debate en un horario donde la población lo vea", enfatizó. El abogado citó casos anteriores, como los de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes recibieron más tiempo para presentar sus descargos. Campos subrayó que el Perú ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no otorgar plazos razonables en juicios políticos. En cuanto a la posibilidad de que Boluarte regrese a la presidencia, Campos aclaró que el objetivo del amparo es corregir lo que considera una violación al debido proceso. "Si se admite, volvería a ser presidenta, pero en un contexto donde podría defenderse adecuadamente", explicó. Si el fallo se emite después de las elecciones, serviría para establecer precedentes y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Campos concluyó que es fundamental recordar que el poder del presidente proviene del voto popular, no del Congreso, y que la vacancia no debe ser utilizada de manera arbitraria ni sin respetar los procesos establecidos.