El freno a la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos por toda la ciudad de Valencia se está llevando a cabo en varios ámbitos. A la moratoria de nuevas licencias activada por el Gobierno municipal de María José Catalá y al impulso de una nueva normativa más restrictiva se une otro frente: el de las inspecciones, las multas y los cierres de los ilegales. De hecho, según los datos a los que ha tenido acceso 20minutos, en el último año y medio el Ayuntamiento ha clausurado más de 1.000 de estos pisos, fruto de un plan de control con visitas de inspectores de Urbanismo y de grupos de la Policía Local en todos los barrios, aunque de forma especial en los de mayor presión turística. Además, las sanciones han pasado de 73 en 2022 y 84 en 2023 a más de 800 en el último año y medio

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