El diputado local Jorge Soto advirtió que el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas es, en realidad, una medida recaudatoria disfrazada de política de salud pública, que afecta directamente a las familias con menos recursos.

El legislador señaló que en muchas comunidades del país —especialmente en las más alejadas y vulnerables— no existe acceso regular al agua potable, lo que obliga a las personas a consumir refrescos como Coca-Cola o Pepsi, no por gusto, sino por necesidad. “No se trata de un tema de elección, sino de condiciones de desigualdad. En esas zonas el agua escasea o es de mala calidad, y la población termina pagando más por una botella de refresco que por un litro de agua”, subrayó.

Soto destacó que el llamado “i

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