PP y Vox han dado este martes el primer paso para derogar de forma íntegra la Ley balear de memoria democrática. Lo han hecho durante un pleno en el que extrema derecha y populares, lejos de expresar cualquier tipo de condena contra el golpe militar de 1936 y las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, han equiparado, una vez más, a víctimas con verdugos. A pesar de que en diciembre de 2024 los populares alcanzaron un  insólito pacto con los partidos de izquierdas  para no suprimir la normativa, tan solo medio año después aquellos incumplieron su compromiso a cambio de granjearse el apoyo de Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025 . Y este martes así lo han escenificado, dejando una vez más al descubierto hasta qué punto el Ejecutivo de Marga Prohens es capaz de ceder a las exigencias de los de Santiago Abascal para mantener a flote -al menos en apariencia- la estabilidad de su gobierno.

“La República nació muerta y sin libertad”, espetaba el diputado de Vox Sergio Rodríguez nada más iniciar el discurso con el que ha defendido la Proposición de Ley con la que su partido quiere tumbar el texto. Tras ello ha pasado a enarbolar las consignas que la extrema derecha ha blandido en otras Comunidades en las que PP y Vox han echado abajo sus propias leyes de memoria: la formación alega que la normativa “atenta contra la igualdad de todos los españoles” y “discrimina y aparta a una parte del pueblo español por su opinión, sus circunstancias personales, sociales o históricas, como por ejemplo el bando en el que lucharon”, tal como aducen en su propuesta para echar por tierra una norma que rechaza expresamente “cualquier totalitarismo y régimen antidemocrático”.

Se trata de una narrativa -la que las derechas emplean para justificar la derogación de las leyes de memoria- que se inscribe, sin embargo, en una estrategia más amplia dirigida a redefinir, desde una supuesta “neutralidad”, el relato sobre la Guerra Civil y la dictadura en base a postulados revisionistas ampliamente desacreditados a nivel histórico, social y jurídico. El relato de Vox obvia, además, que las víctimas del franquismo ya fueron oficialmente homenajeadas y recompensadas durante los casi cuarenta años de dictadura, mientras que miles de familias republicanas sufrieron represión, exilio y silencio institucional hasta la llegada de la democracia. La ley de memoria de Balears -como las del resto del Estado- nació para corregir ese desequilibrio histórico y garantizar los derechos de quienes durante décadas fueron relegados al olvido . 

Con todo, el PP ha votado este martes a favor de que el Parlament balear tramite la iniciativa con la que los de Abascal pretenden derogar el texto, al igual que han hecho en la Comunitat Valenciana , Extremadura y Aragón . En estas Comunidades, las normativas de memoria histórica han sido sustituidas por 'leyes de la concordia' que, so pretexto de “reconciliar” a los españoles en lugar de “reabrir heridas”, equiparan el franquismo con la democracia. El Gobierno central ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la implantación estos textos al considerar que “blanquean la dictadura franquista, niegan la existencia del golpe de Estado como causante de la Guerra de España de 1936 a 1939, pretenden que no se conozca la verdad de lo que ocurrió y, lo que es peor, condenan a las víctimas de nuevo al olvido”.

La izquierda: “Se han puesto del lado de los verdugos”

Durante el debate en el Parlament balear, los grupos de izquierdas han recriminado que el PP ceda una vez más ante Vox para “conservar sus pactos de la vergüenza”, en esta ocasión mediante la supresión de “una ley pionera que habla de memoria, justicia y reparación”. “Se han puesto del lado de los verdugos”, ha criticado el diputado socialista Omar Lamin, para quien eliminar esta norma sitúa a Balears “fuera de los consensos europeos, de las recomendaciones de Naciones Unidas y de los principios más elementales que sostienen cualquier democracia madura”. “La ley de memoria es una herramienta viva y concreta, necesaria para garantizar la no repetición de los hechos más vergonzosos de nuestra historia. Es el hilo que nos recuerda quiénes somos, de dónde venimos y por qué nunca más podemos permitir que el fanatismo y la fuerza sustituyan la razón y la convivencia”, ha subrayado.

Lamin ha resaltado que la importancia de esta norma no radica “ni en la venganza ni en el odio”, sino en “la verdad, la justicia y el honor”. “Un pueblo que recuerda es un pueblo que aprende y uno que olvida es aquel que está condenado a repetir los errores del pasado”, ha sostenido, reprochando a Prohens haber traicionado su pacto con la izquierda por “su necesidad de mantener su silla a cualquier precio y satisfacer a una ultraderecha que blanquea el franquismo”. “Esto les marcará para siempre, la historia no perdona la traición y la memoria de las víctimas tampoco”, ha recalcado, dirigiéndose a la bancada de los populares.

Por su parte, la diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha lamentado que el pleno del Parlament haya tenido que debatir nuevamente una cuestión que “debería estar fuera de la disputa política y que va más allá de las siglas”. La ecosoberanista ha achacado al PP la responsabilidad de tener que volver hablar sobre memoria por “traicionar su palabra” y “haber roto la confianza que la izquierda había mostrado por responsabilidad”. “Vox dicta sus condiciones y ustedes obedecen. Esto es sumisión ideológica ante la extrema derecha. Es dejar que quienes justifican la dictadura determinen el relato”, ha echado en cara a los conservadores.

En esta misma línea, la diputada de Més per Menorca Joana Gomila ha afeado a Prohens que haya faltado a “la palabra dada”, dando así “la espalda a miles de víctimas, a personas represaliadas y a sus familias”. “Rechazan la historia de este país solo para complacer a Vox”, ha espetado. A continuación, el representante de Unidas Podemos en la Cámara balear, José María García, el único diputado que este martes ha lucido una camiseta con el rostro de Aurora Picornell -activista sindical asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937 e icono del republicanismo en Mallorca-, también se ha sumado a los reproches al PP: “Que tengamos que debatir hoy aquí la derogación demuestra la talla moral de quienes la han presentado y de quien ha valorado que se debe tomar en consideración, rompiendo el consenso con el que fue aprobado y la palabra dada”.

También se ha mostrado severamente crítico el diputado Llorenç Córdoba, quien habitualmente respalda las acciones del Govern y que en esta ocasión ha afeado al PP que vaya de la mano de Vox para suprimir la ley de memoria, lo que, en su opinión, supone “una vulneración de derechos”: “¿De verdad creen que derogando esta ley mejoraremos la vida de alguien? ¿Que esta votación ayudará a las familias que todavía buscan a sus familiares e intentar olvidar esa pesadilla? El Parlament debería ser un lugar de reparación y dignidad, no uno en el que la memoria se convierte en moneda de cambio”, ha zanjado.

Hitos de la ley de memoria

Entre otros hitos, la ley de memoria, aprobada en 2018 -durante la primera legislatura del pacto de izquierdas liderado por la socialista Francina Armengol-, ha permitido a las instituciones públicas investigar y esclarecer los hechos relacionados con las violaciones de los derechos durante la Guerra Civil y la dictadura, así como delimitar la consideración de víctimas -organizaciones sociales, profesionales o culturales, partidos políticos, sindicatos, logias masónicas, movimientos feministas o LGTBI, víctimas de bombardeos, bebés robados, etc.- con el objetivo de identificarlas a través de un Censo de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Bajo el amparo de esta normativa también se ha declarado la nulidad de pleno derecho de todas las sentencias y resoluciones de las causas penales, civiles y administrativas dictadas por razones políticas en las islas.

Asimismo, la normativa ha dado cobijo a la puesta en marcha una Oficina de Atención Directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y sus familiares, una iniciativa pionera en España, y ha dado pie a la creación de una nueva figura de protección en Balears: los Espacios e itinerarios de la Memoria y Reconocimiento Democráticos. También ha permitido declarar el 29 de octubre como fecha simbólica de recuerdo y reivindicación de los valores democráticos y la lucha por la libertad, así como confeccionar un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas que han tenido que ser retirados por las instituciones públicas.

Desde el PP, sin embargo, consideran que la aplicación de la norma ha sido “nefasta” y que el debate sobre su supresión es “estéril”: “Flaco favor hacemos a las generaciones venideras, trasmitiéndoles una visión sesgada como la de todas las verdades oficiales cuya única finalidad es enfrentar”, ha manifestado la diputada Cristina Gil. “Desde el Grupo Popular creemos en una memoria como un recuerdo que dignifique a todas las víctimas y que promueva la convivencia, evite la confrontación partidista y vele por que los errores cometidos no vuelvan a repetirse”, ha manifestado, haciendo suyos los argumentos de Vox según los cuales las normativas de memoria histórica han sido utilizadas “para dividir con intenciones políticas”. “Nuestro respeto es absoluto por todas las personas que sufrieron violencia a consecuencia de la guerra civil y del franquismo, independientemente de su ideología, de su religión o de cualquier otro factor”, ha incidido.

La eliminación de la ley de memoria se encuentra, en concreto, entre las 110 medidas contempladas en el acuerdo que PP y Vox alcanzaron al inicio del actual mandato: a cambio de aceptar la supresión de la norma, Vox se comprometió a abstenerse en la  investidura de Prohens  como presidenta del Govern, como así acabó ocurriendo. En diciembre de 2024, sin embargo, los populares pactaron con l os grupos de izquierdas no derogar la ley. A cambio, éstos posibilitaron en el mismo pleno la eliminación de 34 enmiendas que Vox había presentado al  Decreto Ley autonómico de simplificación administrativa , y que los conservadores habían  incorporado por error  dos semanas antes, retrotrayendo la legislación balear a décadas atrás en materia medioambiental y de normalización de la lengua catalana. Tan solo seis meses después, el PP incumplió su compromiso: la necesidad de sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025 llevó a los populares a ceder finalmente a las exigencias de Vox.

El PP mantendrá la 'ley de fosas'

Durante la sesión de este martes, el PP sí se ha comprometido a dar continuidad a la ley de recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo -más conocida como la 'ley de fosas-, aprobada por unanimidad en 2016 con el objetivo de intervenir “en todas las fosas conocidas y susceptibles de intervención que hay en Balears”, como puso de relieve en su momento el exconseller de Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes. Hasta entonces, y pese al vacío jurídico que existía hasta la aprobación de esta normativa, tanto la entidad Memòria de Mallorca como el Foro por la Memoria de Eivissa y Formentera se volcaron en llevar a cabo las tareas de recuperación de forma voluntaria, investigando el paradero de las víctimas del franquismo a partir de los datos existentes en los registros civiles y archivos militares. 

En Balears, más de 2.000 víctimas del franquismo fueron asesinadas y más de 10.000 fueron encerradas en prisión. A todas ellas se suman las que sufrieron condenas y sentencias a muerte “manifiestamente injustas” -como denuncian las asociaciones memorialistas-, las que fueron ejecutadas extrajudicialmente y las que fueron objeto de desapariciones forzadas en las islas, principalmente en Mallorca. Se calcula que hay 56 fosas en Mallorca, Eivissa y Formentera.