El juez Hurtado cortó a la defensa del fiscal general cuando afeaba al decano del Colegio de Abogados de Madrid que dijera, sin datos, que la filtración torpedeó los acuerdos que cada día se firman en los juzgados

La UCO ignoró el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en su informe clave sobre el correo de la pareja de Ayuso

El decano de la abogacía madrileña fue el primero en acudir a los juzgados a denunciar que la Fiscalía había revelado detalles de la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Desde entonces, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y su dirigente Eugenio Ribón se han convertido en dos de los protagonistas de la causa por la que será juzgado en unas pocas semanas el fiscal general: pide cuatro años de cárcel para Álvaro García Ortiz y sostiene desde hace más de un año que la filtración torpedeó los acuerdos que, día tras día, abogados y fiscales firman en los juzgados y tribunales de Madrid.

La testifical de Ribón ante el juez Ángel Hurtado el pasado febrero se convirtió en un enfrentamiento directo con la Abogacía del Estado, que intentó sin éxito exponer que, en realidad, las conformidades se siguieron celebrando con normalidad en Madrid a pesar de lo que afirma el ICAM.

La abogacía madrileña fue la primera en apuntar a la Fiscalía cuando, en la mañana del 14 de marzo de 2024, el Ministerio Público sacó un comunicado para desmentir las informaciones falsas que Miguel Ángel Rodríguez y varios medios habían difundido sobre el caso de Alberto González Amador: que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, pero lo había retirado por órdenes de la cúpula del organismo. “El ICAM considera de extrema gravedad la revelación de datos”, dijo rápidamente sobre ese comunicado, presentando Ribón la querella personalmente en los juzgados seis días después. Un día antes que el propio González Amador.

Esas primeras denuncias no se fijaron, como hace ahora el Supremo, en la filtración del correo a los medios, sino en el comunicado de la Fiscalía sobre el caso, algo que ha ido cambiando hasta el punto que el Tribunal Supremo ha descartado que hubiera delito en esa nota de prensa. Y además de abrir la vía penal contra la Fiscalía, el ICAM también se desvinculó del protocolo de conformidades, denunciando que el secreto de las comunicaciones de los abogados de Madrid “no parece estar garantizado”.

Ribón fue llamado a declarar por el juez Hurtado en el Tribunal Supremo en una condición dual de testigo y también perito, según dijo el propio magistrado. Testigo, porque esos días mantuvo conversaciones y reuniones con la cúpula de la Fiscalía para pedir explicaciones por el comunicado, pero también perito para explicar cómo la filtración había afectado negativamente a la abogacía en su conjunto y no solo al caso de González Amador por su desvinculación del protocolo y su plataforma propia.

Este punto fue uno de los más tensos de su comparecencia cuando la Abogada del Estado que entonces defendía a la fiscal Pilar Rodríguez preguntó por esta afectación a las conformidades. “¿Usted sabe si desde el 18 de marzo las conformidades en Madrid se han visto afectadas?”, preguntó la representante de Rodríguez, a lo que Ribón contestó rotundo: “Claro que se han visto afectadas”. Hurtado cortó las preguntas que pedían al decano los datos concretos que sostenían su afirmación: “Es inexigible que nos diga datos concretos (...) No quiero entrar en un debate”. “Esa afirmación categórica es incierta, es una inconsciencia por su parte si no ha venido con datos para afirmarlo”, afirmó la abogada del Estado antes de ser obligada a cambiar de tema.

Un descenso del 8,4%

La Fiscalía de Madrid desmiente la afirmación de Ribón en su última memoria relativa a 2024, un documento ya presentado hace semanas por el Ministerio Público madrileño que recoge varias alusiones a esta causa y, entre otras cosas, a cómo se vieron afectadas las conformidades. En 2024 hubo un total de 564 acuerdos de conformidad, lo que según la Fiscalía supone “una disminución del 8,4%” con respecto a 2023.

Pese a la suspensión “unilateral” del ICAM y su plataforma informática para facilitar las conformidades, dijo la Fiscalía en su memoria, “los abogados continuaron poniéndose en contacto con la Fiscalía a fin de concertar una cita con la pretensión de llegar a un acuerdo antes del juicio”. La solución fue habilitar nuevas cuentas de correo para cada sección de la Fiscalía y designar fiscales coordinadores. El descenso, más acusado en los juzgados de lo penal, se atribuye a los dos meses que los letrados tardaron en usar el nuevo sistema.

Ribón volverá a declarar en el juicio que se celebrará entre los días 3 y 13 del próximo noviembre en el Tribunal Supremo con la defensa de García Ortiz y la Fiscalía convencidos de que el decano del ICAM impulsó la querella inicial alegando un daño inexistente a la abogacía en su conjunto. El ligero descenso en las conformidades ha sido provocado, en todo caso, por su decisión unilateral de desvincularse del protocolo de conformidades que el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto, además, no estaban utilizando cuando hablaban de un posible pacto.

Otra parte del enfrentamiento se trasladó a cuando la Abogada del Estado quiso que Ribón desarrollara otra de las quejas compartidas del ICAM y la pareja de Isabel Díaz Ayuso: si su posibilidad de defenderse había desaparecido tras hacerse público que había estado dispuesto a reconocer su fraude fiscal de 350.000 euros y hacer un pacto. Ribón lo comparó con un ejemplo ficticio de un acusado de conducir borracho cuyo abogado reconoce que bebió “12 cubatas”: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida”. “De una u otra manera puede quedar contaminado”, había afirmado minutos antes.

“¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”, preguntó la Abogada del Estado antes de ser cortada en seco por el juez Hurtado mientras Ribón negaba de forma categórica.