La última ofensiva política del Ministerio de Vivienda incluye un anuncio que despierta críticas y rechazo en la izquierda y la derecha, también en Sumar, que lo llama "lamentable" y "frívolo". Y todo después de poner en marcha un servicio telefónico de utilidad cuestionable

La vivienda ya es el principal foco de desigualdad: casi la mitad de la población dice que afecta directamente a sus vidas

Los gobiernos sufren una auténtica adicción a la propaganda institucional. Sufrir no es la palabra correcta. Les encanta. Es fácil sucumbir a la tentación cuando cuentas con un presupuesto abundante para esa función. En algunas ocasiones, y no son tantas, esas campañas cumplen una función informativa para los ciudadanos. Ocurre con frecuencia que su función última es que la Administración correspondiente, nacional, autonómica o local, se elogie a sí misma o recuerde a los votantes lo mucho que se desvela por sus necesidades.

El Ministerio de Vivienda ha lanzado una campaña con uno de esos anuncios que pretenden ser ingeniosos. En ese sentido, ha tenido éxito. Hay que tener mucho ingenio para concitar críticas furibundas tanto en la izquierda como en la derecha.

Se inicia con una pregunta: “¿Cómo imaginas tu futuro?”. Las escenas posteriores son deprimentes. Tres ancianos comparten un piso y resultan ser un poco guarros. Toda la vida dejando los calzoncillos usados en el suelo. Los platos sin limpiar en el fregadero. El que se queda leyendo el periódico en el baño sentado en el inodoro. Se supone que comparten vivienda en 2055 porque no se pueden permitir comprar o alquilar una por su cuenta.

Con el vídeo, el Gobierno admite que no hay muchas esperanzas entre la gente en que tengan éxito sus políticas de vivienda. Eso puede que sea cierto, pero es absurdo que un Ministerio lo reconozca con un anuncio institucional. Deja que sea la oposición quien haga su trabajo.

Y no sólo la oposición. Sumar eligió el martes para dejar clara su falta de confianza en la ministra Isabel Rodríguez. “Se nos está acabando la paciencia”, dijo su portavoz, Verónica Martínez. Le exigió medidas “serias, valientes e innovadoras”, que es como decir que no lo son ninguna de las que se han puesto sobre la mesa hasta ahora.

Sumar ha propuesto congelar los contratos de alquiler que vencen este año, un nuevo régimen sancionador para los alquileres de temporada y turísticos, y reformas fiscales contra la compra de pisos con intención especulativa. Gabriel Rufián pidió en el Congreso aumentar los impuestos a los que compran viviendas como inversión.

Rodríguez compareció a petición propia ante el pleno del Congreso la semana pasada. No está muy claro para qué lo hizo, porque no ofreció ninguna novedad relevante. Lo más probable es que su presencia fuera una forma de acompañar el lanzamiento de la campaña publicitaria. Que parezca que el Gobierno hace algo ante la crisis de la vivienda. El coste de este tipo de servicios telefónicos suele superar con creces el millón de euros al año.

Otro elemento de imagen de utilidad dudosa es la aparición de un número telefónico, el 047, para informar a los ciudadanos sobre asuntos de vivienda. La ministra anunció en el Congreso que “con este número empoderamos a la ciudadanía con una nueva herramienta para defender sus derechos”.

Sonó un poco a humor negro, porque los jóvenes y no tan jóvenes que buscan comprar o alquilar una vivienda no se sienten muy empoderados últimamente cuando se acercan al mercado inmobiliario. Más bien lo contrario, y una llamada a un servicio telefónico no hará que los pisos sean más asequibles. Claro que es mejor que llamen al 047 que a una línea de prevención del suicidio.

“No se puede venir al pleno del Congreso a proponer como medidas estrella teléfonos de la esperanza”, dijo Martínez. El PP ya lo aprovechó para reírse de la iniciativa. Con el anuncio televisivo, el cabreo de Sumar ha aumentado. Gerardo Pisarello lo llamó “lamentable” y “frívolo”.

En la última encuesta del CIS, la vivienda aparece como el primer problema para los españoles. Un 37% la considera uno de los tres principales problemas. No se puede decir que esté en primera posición porque los políticos y los medios hablan mucho del tema. También es el primero en la lista de los problemas que más afectan personalmente a cada encuestado. Los porcentajes con ambas preguntas son mayores en el caso de los votantes de partidos de izquierda. No hay nada peor que decepcionar a aquellos a los que intentarás ilusionar en la próxima campaña.

En cuanto a la afectación personal, el porcentaje no es tan diferente entre los votantes del PP y PSOE. Será porque cuentan con dinero de sobra o porque ya tienen solucionado el tema de la vivienda. Un mínimo del 20% de los votantes de Sumar, Esquerra, Bildu y BNG cree que es el problema que más les perjudica a ellos.

Entre las medidas que el Gobierno dice haber tomado, se destacan las ayudas al alquiler con la ampliación a 300 euros del bono joven y a 30.000 euros la de adquirir viviendas protegidas. Muchos expertos destacan que estas ayudas sólo sirven para aumentar los costes, porque los caseros y vendedores de pisos las tienen en cuenta al fijar sus precios.

El Congreso aprobó en la legislatura pasada una ley de vivienda que no se aplica en la mayor parte de España. Les corresponde hacerlo a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias, y las gobernadas por el PP se niegan a hacerlo. Perder las elecciones autonómicas tiene consecuencias. Aún más haber dejado de construir viviendas sociales durante décadas hasta dejar a España a la cola de la Unión Europea con un porcentaje ínfimo.

La vivienda es un derecho social reconocido en la Constitución al que los precios han convertido en inexistente para muchos. Es también un bien de inversión que se ha convertido en muy rentable para empresas y particulares. Se supone que la Constitución existe para todos los españoles. Las empresas privadas viven para sus accionistas. En esa tensión, no hay que ser un genio para saber quién sale ganando.

Una familia tendría que destinar ahora 7,3 años de toda su renta bruta para costear la adquisición de una vivienda, según el Banco de España. Es más del doble que hace tres décadas. En junio de 1987, esa familia habría dedicado algo menos de tres años para lo mismo.

Si un trabajador dedicara el 30% de su presupuesto a la vivienda –el porcentaje recomendado por bancos y expertos que ahora es irreal–, necesitaría trabajar durante 38 años (55 en el caso de Madrid), prácticamente toda su vida laboral.

Tantos años de abandono de las políticas públicas de vivienda han conducido a esta situación, que no se puede solucionar a corto plazo a menos que se tomen medidas radicales que no interesan al PSOE y que tampoco ofrecen garantías completas de éxito. Pero la política tiene razones que el mercado no entiende, sobre todo si tienes que enfrentarte a las urnas en uno o dos años. No es muy inteligente inventarte un anuncio con el que se puede interpretar que llegarás a esas elecciones con las manos vacías.