Los requisitos del proceso de licitación pública presentados por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali para la prestación del servicio de alimentación a la población privada de la libertad que se encuentra en centros de detención transitoria, por $12.000.000.000, han generado polémica, pues de acuerdo con veedores ciudadanos habría un presunto direccionamiento contractual.

Según el veedor ciudadano Ángelo Vásquez, abogado especializado en derecho penal, se estaría evidenciando que la licitación presuntamente está direccionada para que una empresa en particular se quede con el contrato, ya que los requisitos exigidos por la Secretaría serían muy específicos.

“ Se ve que están violando los principios de selección objetiva que están consagrados en el artículo 29 de la Ley 80 de 199

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