La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California. Esto se debe a su presunta implicación en el robo de 180 kilogramos de cocaína, ocurrido el 4 de octubre en Ojo de Agua, Tijuana. La indagatoria, identificada como FED/BC/TIJ/0002996/2025, se abrió tras la captura de imágenes de videovigilancia que mostraron a los sospechosos utilizando vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC). Estas grabaciones fueron clave para que el órgano interno de control comenzara a investigar a los uniformados involucrados. Según información preliminar, el robo estaría vinculado a una disputa entre grupos criminales. Se indica que un grupo de traficantes intentaba mover el cargamento sin pagar el “derecho de paso” a una organización criminal local. Las investigaciones sugieren que los policías estatales habrían colaborado con el Cártel de los Arellano Félix (CAF) para apoderarse de la droga. Fuentes del Semanario Zeta informan que los 180 kilogramos de cocaína iban a ser trasladados “por la libre”, lo que provocó la intervención de los agentes en complicidad con el CAF. La fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, confirmó el 20 de octubre que el caso está bajo la jurisdicción de la FGR y que la Fiscalía General del Estado (FGE) está colaborando con las autoridades federales. Andrade Ramírez declaró: “Si alguien anda en malos pasos, tiene que pagar”. Además, aseguró que su corporación está atenta a posibles actos de corrupción y que se investigan a otras corporaciones que afectan la imagen de los agentes honestos. En relación a las narcomantas que aparecieron en Tijuana y Playas de Rosarito, donde se mencionó su nombre, la fiscal aclaró que no estaban dirigidas personalmente contra ella. “No es contra mí. Menciona mi nombre, pero no nos vamos a prestar a ese tipo de situaciones”, afirmó. Mientras tanto, algunos agentes de la FESC han denunciado irregularidades en la investigación. En una carta pública, afirmaron que se impusieron suspensiones y medidas disciplinarias sin una investigación formal. Los policías sostienen que el vehículo KIA blanco, identificado en los videos del robo, pertenece a la Coordinación Interinstitucional y Relaciones Internacionales, bajo mando militar, buscando así desvincularse de la situación. La controversia ha llevado al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) a solicitar la intervención del comisionado de seguridad, lo que podría tener repercusiones políticas significativas en la región.