La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional por l a suspensión de la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La institución reclama que se asigne de manera urgente el presupuesto necesario para garantizar la continuidad del sistema universitario público y el respeto de las obligaciones constitucionales vigentes.

Si bien la ley fue promulgada por el Gobierno, su aplicación fue suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento, una decisión que la UBA considera inconstitucional. En su resolución, el Consejo Superior advirtió que el decreto “ altera el sistema republicano de frenos y contrapesos y quebranta la voluntad soberana del Congreso ”, a

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