La Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó de manera unánime en su Consejo Superior el inicio de acciones judiciales con el objetivo de que se aplique efectivamente la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso Nacional.

Según explicaron desde la Casa de Altos Estudios esta decisión busca que el Ejecutivo Nacional asigne de forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales vigentes.

Si bien la ley fue promulgada formalmente por el Poder Ejecutivo, su aplicación fue suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento para ejecutarla. Ante esta situación, el Consejo Superior de la UBA consideró necesario recurrir a la Justicia “a fin de

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