Acaba de producirse una nueva injerencia judicial en el nivel de catalán que deben tener los chóferes que se encargan de trasladar a los miembros de la Mesa del Parlament a raíz de una denuncia formulada por una entidad unionista que lleva por nombre Convivencia Cívica Catalana. Antes que nada, un apunte: el nivel de persecución a todas las instancias para tratar de mantener a flote la lengua catalana está siendo tan alto, que la intromisión de los jueces desarbola cualquier intento de mantener la lengua propia del país en unas coordenadas de mínima supervivencia. Vayamos al caso concreto: la demanda que se planteó pedía impugnar las bases del concurso público para contratar chóferes y ahora la fiscalía del TSJC acepta que el nivel requerido debería ser el B1 (elemental) y no el soli

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