Jesús Manuel Ortiz + columnista

La controversia entre LUMA Energy y el gobierno de Puerto Rico ha alcanzado un punto crítico, agravando la crisis energética que amenaza la estabilidad social y económica de la isla. Aunque la gobernadora Jenniffer González ha enviado señales de que contempla cancelar el contrato con LUMA, sea por la presión política o por convicción real, aún no se ha iniciado un proceso formal para la terminación del mismo. Estas acciones, aunque significativas, reflejan más intenciones que hechos concretos, mientras los apagones persisten y los fondos federales para proyectos siguen estancados.

LUMA, por su parte, sabe que su cabeza tiene precio y ha pasado a la ofensiva. La compañía reclama que el gobierno le debe $800 millones y acusa a la administración de obstaculiz

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