El Centro de Estudios Económicos Anif ha lanzado una advertencia urgente sobre la propuesta del Gobierno colombiano de aplicar un impuesto del 1,5% a las transferencias electrónicas. Según Anif, esta medida podría frenar uno de los avances más significativos en inclusión financiera y digitalización en el país.

El análisis de Anif señala que la propuesta del Ministerio de Hacienda, que busca unificar la retención en la fuente sobre pagos electrónicos y con tarjeta, podría desincentivar el uso de herramientas tecnológicas que apenas comienzan a consolidarse. En lugar de equilibrar las cargas entre los distintos medios de pago, el decreto introduce un sesgo que favorece el uso del efectivo, el método más riesgoso y menos trazable.

"Los incentivos terminan puestos en el lugar equivocado", afirma el informe. Los economistas del centro advierten que un gravamen de este tipo haría que el dinero en efectivo resulte más atractivo frente a los canales digitales, justo cuando las billeteras virtuales, los códigos QR y las transferencias entre cuentas estaban ganando confianza entre los usuarios.

El sistema Bre-B, impulsado por el Banco de la República, es uno de los más expuestos a las consecuencias de esta decisión. Este sistema está diseñado para mejorar la interoperabilidad entre bancos y ofrecer pagos inmediatos, con el objetivo de modernizar la arquitectura del sistema financiero colombiano, replicando modelos exitosos como el Pix de Brasil. Sin embargo, Anif advierte que "esta red, llamada a impulsar la eficiencia y la inclusión, podría ver debilitada su adopción si los costos fiscales terminan desincentivando su uso entre comercios y consumidores".

La preocupación de Anif se basa en una realidad preocupante: más del 60% de los trabajadores en Colombia se mantiene en la informalidad y millones de transacciones siguen ocurriendo fuera del sistema financiero. En este contexto, cualquier medida que encarezca las operaciones digitales podría ampliar las brechas que se busca cerrar.

El centro de estudios insiste en que la política fiscal debe alinearse con la transformación tecnológica. Castigar las transferencias electrónicas no solo afectaría el comportamiento de los consumidores, sino que también reduciría la competitividad del sistema financiero colombiano.

El documento plantea que "eliminar la retención del 1,5%, en lugar de ampliarla, tendría efectos positivos a mediano plazo". Según los cálculos de Anif, la eliminación temporal del impuesto representaría una pérdida fiscal limitada, con el Estado dejando de recibir alrededor de $5.621 millones en 2026, principalmente por operaciones de pequeños comercios no declarantes. Sin embargo, el panorama cambiaría con el tiempo.

"Hacia 2028, el balance se tornaría favorable, gracias al mayor dinamismo comercial y la formalización progresiva del sector. Para 2034, el efecto acumulado sería positivo en $223.469 millones a precios de 2025", precisa el estudio.

El mensaje es claro: la inclusión y la eficiencia generan más recaudo sostenible que los gravámenes de corto plazo. A largo plazo, estimular los pagos digitales no solo fortalece la formalización económica, sino que también impulsa la innovación, mejora la trazabilidad y reduce los costos de transacción para millones de colombianos.