El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las sanciones impuestas al presidente colombiano Gustavo Petro no perjudicarán a la población de Colombia. Durante una conferencia de prensa en Israel, Rubio explicó que las medidas son una respuesta a las acciones del mandatario colombiano, a quien acusó de no cooperar en la lucha contra el narcotráfico. El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, conocida como Lista Clinton. Esta decisión se basa en presuntos vínculos con el narcotráfico. Rubio enfatizó que las sanciones están dirigidas específicamente al presidente y su círculo cercano, y no a la economía colombiana. “Esto no es un enfrentamiento entre Estados Unidos y Colombia. Es nuestra reacción a las acciones de un líder extranjero que se ha convertido en hostil”, declaró. El secretario también destacó que las relaciones entre EE.UU. y Colombia son sólidas y duraderas, especialmente con las fuerzas armadas del país. A pesar de las sanciones, Rubio descartó la posibilidad de imponer aranceles adicionales a Colombia, asegurando que el enfoque del gobierno estadounidense es individual y no colectivo. Por su parte, Gustavo Petro respondió a las sanciones, afirmando que son una maniobra política que busca influir en su gobierno y afectar la soberanía de Colombia. En un mensaje en la red social X, el presidente criticó a los bancos colombianos por acatar rápidamente las disposiciones de la OFAC, argumentando que no están obligados a hacerlo. Petro describió esta obediencia como un ejemplo de "colonialismo empresarial" y una forma de sumisión política. Además, confirmó su separación de Verónica Alcocer, sugiriendo que la inclusión de su familia en la lista es parte de una estrategia para perjudicarlo. El mandatario reiteró que su gobierno no cederá ante presiones externas y que continuará defendiendo la autodeterminación y soberanía de Colombia. La Asociación Bancaria de Colombia ha defendido que el sistema financiero del país mantiene estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, aunque el gobierno está considerando revisar el marco legal sobre el acatamiento de sanciones internacionales.