Tijuana, 25 de octubre.- El Congreso de Baja California aprobó una reforma al artículo 325 del Código Penal que establece la suspensión e inhabilitación para ejercer la profesión hasta por cinco años para abogados, patronos o litigantes que cometan fraude procesal, además de una pena de prisión de uno a seis años.

La modificación, derivada de iniciativas presentadas por los diputados Diego Echevarría Ibarra y Ramón Vázquez Valadez, busca proteger el patrimonio de los bajacalifornianos ante maniobras jurídicas fraudulentas que buscan despojarlos de sus bienes.

«El fraude procesal se configura cuando se simulan actos jurídicos o se alteran pruebas para engañar a la autoridad y obtener un beneficio indebido esta conducta representa una amenaza directa al principio de legalidad y al acceso l

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