¿Y si el poder tuviera que rendir cuentas por sorpresa? En un giro hacia la transparencia radical, los altos cargos públicos podrían enfrentarse a controles patrimoniales aleatorios durante su mandato y hasta dos años después de dejar el cargo. Esta medida, contemplada en el anteproyecto de la Ley de Administración Abierta, busca detectar posibles enriquecimientos injustificados, así como blindar la transparencia en la gestión pública y poner una barrera más contra la corrupción.

Los altos cargos públicos podrían ser sometidos a exámenes aleatorios de patrimonio a lo largo de su mandato y durante los dos años posteriores a su finalización para verificar si hay indicios de aumentos patrimoniales injustificados.

Estos controles sorpresa se llevarían a cabo si se aprueba la Ley de Administr

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