NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Un juez federal de Tennessee advirtió el lunes sobre posibles sanciones contra altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump si continúan haciendo declaraciones incendiarias sobre Kilmar Ábrego García que pudieran perjudicar su próximo juicio.

El juez federal de distrito, Waverly Crenshaw, presentó una orden el lunes por la noche en la que pide a los fiscales locales de Nashville que proporcionen una copia de su opinión a todos los empleados del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional (DOJ y DHS, respectivamente, por sus siglas en inglés), incluidas la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y la secretaria Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Los empleados del gobierno han hecho declaraciones extrajudiciales que resultan preocupantes, en especial porque muchas de ellas son exageradas, cuando no simplemente inexactas”. Escribió Crenshaw.

El impartidor de justicia enumera una serie de ejemplos de declaraciones prohibidas según las reglas locales para el Tribunal Federal de Distrito del Centro de Tennessee. Estas incluyen cualquier declaración sobre el “carácter, credibilidad, reputación o antecedentes penales de una de las partes” y “cualquier opinión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado”.

“Los empleados del DOJ y del DHS que no cumplan con el requisito de abstenerse de hacer cualquier declaración que ‘tenga una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente’ este proceso penal podrían estar sujetos a sanciones”, se lee en la orden.

A principios de este año, la deportación errónea de Ábrego García a El Salvador, donde fue retenido en una prisión notoriamente brutal a pesar de no tener antecedentes penales, ayudó a impulsar la oposición a la imposición de estrictas medidas contra la inmigración por parte de Trump. Ante la creciente presión pública y una orden judicial, el gobierno del republicano lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, pero solo después de emitir una orden de arresto por cargos de tráfico de personas en Tennessee. Ábrego García se declaró inocente de esos cargos y solicitó a Crenshaw que los desestime.

Mientras tanto, los funcionarios del gobierno de Trump han librado una implacable campaña de relaciones públicas contra Ábrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13 e incluso implicándolo en un asesinato. En la opinión de Crenshaw se mencionan declaraciones de varios altos funcionarios, entre los que están Bondi y Noem, calificándolas como potencialmente perjudiciales para el derecho de Ábrego García a un juicio justo. También se reprende a sus abogados defensores por divulgar públicamente detalles de las negociaciones del acuerdo de culpabilidad.

Ábrego García tiene una esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección para no ser deportado de vuelta a su país de origen, al encontrar que tenía un temor bien fundado de violencia allí por parte de una pandilla que había atacado a su familia.

Desde su regreso a Estados Unidos en junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha anunciado planes para deportarlo a varios países africanos, siendo el más reciente Liberia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.