Río de Janeiro se encuentra en una situación crítica. La operación lanzada por el gobierno de Cláudio Castro, del Partido Liberal, contra el Comando Vermelho (CV) ha resultado en más de sesenta muertes, superando la masacre de Jacarezinho de 2021. Cuatro agentes de las fuerzas del orden han perdido la vida en esta operación, que movilizó a más de 2.500 policías en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, donde residen 280.000 personas.

Los enfrentamientos han sido descritos como un escenario de guerra. Los narcotraficantes han utilizado drones para lanzar granadas y rifles de alto poder, mientras que han bloqueado las vías de acceso con autobuses secuestrados. Los residentes han grabado vídeos que muestran ráfagas de disparos y han interceptado mensajes en WhatsApp donde los narcotraficantes amenazan a la población, instando a los motociclistas de aplicaciones de comida a participar en los bloqueos.

La ciudad está paralizada. El acceso al aeropuerto Galeão ha sido bloqueado y varios centros universitarios han cancelado clases. “Se trata de una operación que comenzó con la ejecución de órdenes judiciales, más de un año de investigaciones y más de 60 días de planificación”, declaró Castro. Esta operación es parte de la Operación Contención, una iniciativa del Gobierno de Río de Janeiro para frenar la expansión del Comando Vermelho.

El nivel de alerta ha sido elevado a 2 de 5, lo que significa que todos los agentes de la policía militar están desplegados en el terreno. Se teme una contraofensiva de los narcotraficantes, que podría incluir atentados contra miembros de las fuerzas del orden y nuevas acciones de guerrilla urbana.

A pesar de la detención de unos ochenta narcotraficantes, muchos han logrado escapar, y el principal objetivo de la operación, Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha, sigue prófugo. Se ha ofrecido una recompensa de 100.000 reales por su captura. Doca, de 55 años, tiene 20 órdenes de detención pendientes y es investigado por más de 100 asesinatos.

El secretario de Seguridad Pública de Río, Víctor Santos, afirmó que la operación fue planificada sin apoyo del Gobierno federal. “Toda la logística la gestiona el propio Estado. Hay unos 9 millones de metros cuadrados de caos en Río de Janeiro”, dijo. El gobernador Castro ha solicitado ayuda al gobierno federal, pero sus peticiones han sido rechazadas en varias ocasiones.

El Ministerio de Justicia ha respondido que ha atendido todas las solicitudes del Gobierno del Estado para el despliegue de la Policía Nacional. En 2025, la Policía Federal realizó 178 operaciones en Río, 24 de ellas relacionadas con el tráfico de drogas y armas.

La situación en Río de Janeiro se produce en un contexto nacional delicado sobre la seguridad pública. La semana pasada, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley contra el crimen organizado, que busca crear una base de datos nacional de miembros de organizaciones criminales y aumentar las penas para aquellos que controlen territorios mediante la violencia. Sin embargo, este proyecto ha sido criticado por no reflejar adecuadamente la evolución del crimen organizado en Brasil, que ha alcanzado niveles comparables a los de la mafia italiana. La guerra entre el Comando Vermelho y otros grupos criminales continúa intensificándose, afectando la vida de millones de brasileños.