Un contratiempo logístico afectó el viaje del presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una escala técnica en Madrid, España. Este incidente ocurrió el 29 de octubre, cuando varias compañías se negaron a suministrar combustible para su avión presidencial, un Boeing 737-700 de la Fuerza Aérea Colombiana. La negativa se atribuye a la reciente inclusión del mandatario en la 'Lista OFAC' o 'Lista Clinton', elaborada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según el director de W Radio, Julio Sánchez Cristo, “varias de las compañías que dan servicio en Madrid son norteamericanas”. Ante la imposibilidad de abastecer el avión, el Gobierno de España intervino y trasladó la aeronave a una base militar, donde se le proporcionó el combustible necesario para continuar su viaje hacia Medio Oriente. Este episodio ha puesto de manifiesto las repercusiones logísticas y diplomáticas que pueden surgir de las sanciones impuestas a un jefe de Estado. Expertos han señalado que la negativa de las compañías no fue un acto político, sino el resultado de protocolos de “riesgo corporativo” que prohíben a las empresas estadounidenses realizar transacciones con personas incluidas en la lista OFAC. Las sanciones pueden incluir el congelamiento de activos y la prohibición de transacciones financieras, lo que explica la reticencia de las empresas a prestar servicios al avión presidencial. Las empresas que infrinjan estas regulaciones se enfrentan a severas penalizaciones, que pueden alcanzar hasta 250.000 dólares o el doble del valor de la operación no autorizada. Aunque el avión es un activo del Estado, su uso por parte de un “nacional especialmente designado” activa las restricciones, obligando a las empresas a actuar con cautela. El presidente Petro se encuentra en un viaje que se extenderá hasta el 4 de noviembre, visitando países como Arabia Saudí, Egipto y Catar, con el objetivo de fortalecer alianzas. A pesar de este contratiempo, su desplazamiento continúa según lo planeado, aunque la situación ha generado interrogantes sobre la gestión diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Hasta el momento, la Cancillería colombiana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente, que ha suscitado cuestionamientos sobre los efectos de las sanciones en la logística y la diplomacia del país.