Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.— Diversas organizaciones sociales solicitaron al Congreso del Estado de Yucatán adecuar la legislación penal y civil para garantizar el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de protesta pacífica.

Denunciaron que actualmente existen disposiciones legales que son utilizadas para hostigar y criminalizar a periodistas, colectivas feministas y comunidades que defienden la tierra y el medio ambiente.

La propuesta de reforma fue presentada el 23 de octubre durante el Foro “Derecho a la Protesta” y entregada formalmente al diputado Wilmer Monforte Marfil y a la diputada Clara Paola Rosales Montiel, integrantes de la bancada de Morena y representantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso local.

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Igualdad Sustantiva Yucatán, Kanan Derechos Humanos, Reflexión y Acción Feminista, Somos Periodistas y Amnistía Internacional, con el acompañamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Criminalización y hostigamiento judicial

Las organizaciones señalaron que en los últimos seis años se han documentado al menos 18 casos de criminalización contra personas y comunidades defensoras del territorio en Yucatán, según datos del portal de investigación Jaltun.

Indicaron que en muchos de esos casos se utilizaron disposiciones del Código Penal y del Código Civil del estado, como los delitos de ataques a las vías de comunicación, resistencia de particulares, ultrajes a la moral y las buenas costumbres, difamación y calumnia, así como la figura de daño moral en el ámbito civil.

Estas herramientas legales, señalaron, se han empleado para disuadir las manifestaciones y desarticular los movimientos sociales, “legitimando el uso de la fuerza pública, campañas de difamación y denuncias judiciales en favor de grupos empresariales”.

Un ejemplo citado fue el de la comunidad de Sitilpech, donde habitantes se opusieron a la operación de una mega granja porcícola por la contaminación del suelo y el agua. En febrero de 2023, durante una protesta pacífica, 15 mujeres, seis hombres y un niño de 12 años fueron dispersados con uso excesivo de la fuerza por parte de la policía estatal y municipal. Posteriormente, el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) presentó denuncias por daños y obstrucción de vías de comunicación en pandilla.

Este caso fue documentado por Amnistía Internacional en su informe México: Tierra y ¿Libertad?, publicado en septiembre de 2023, como un ejemplo de criminalización de personas defensoras del territorio.

Estándares internacionales

Durante el foro se destacó que los estados mexicanos están obligados a respetar los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, incorporados al artículo 1° de la Constitución Política.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que los Estados no deben sancionar ni a organizadores ni a participantes de manifestaciones pacíficas sin causa legítima, y que periodistas y personas defensoras tienen derecho a documentar las protestas sin sufrir represalias, incluso si éstas son disueltas o declaradas ilegales.

Asimismo, el Comité ha recomendado derogar los delitos contra el honor, como la difamación y la calumnia, al considerar que las penas de prisión “nunca serán adecuadas ni proporcionales”.

De igual forma, el Relator Especial sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación ha exhortado a los países a eliminar las leyes que penalizan formas legítimas de protesta, subrayando que las molestias a la circulación o interrupciones temporales a la actividad económica no deben ser criminalizadas, pues son inherentes al ejercicio del derecho a la manifestación.

Por su parte, el Acuerdo de Escazú, en su artículo 9, obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, protegiendo sus derechos a la vida, integridad, libertad de expresión y reunión pacífica.

Solicitud al Congreso

Las organizaciones solicitaron a las y los diputados yucatecos presentar y respaldar la iniciativa de reforma, con el fin de armonizar las leyes estatales con los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

“El ejercicio de la libertad de expresión y la protesta pacífica no deben ser causa de persecución, sino un pilar democrático”, concluyeron las organizaciones durante el foro. ( Noticaribe )