Que la norma que establece la obligatoriedad de reservar un 30% de vivienda social en las nuevas promociones residenciales y grandes rehabilitaciones no ha funcionado es una evidencia que tan solo la defensa numantina que de este precepto mantiene los Comuns se atreve a discutir. Los dos principales grupo del Ayuntamiento de Barcelona, el PSC en el gobierno y Junts en la oposición, comparten este diagnóstico y, sin embargo, agotado ya casi el 60% del actual mandato municipal, siguen sin llegar a un acuerdo para la revisión de la norma. A ellos se ha dirigido por carta el presidente del grupo popular, Daniel Sirera, para poner en común las coincidencias entre las tres formaciones y avanzar hacia “un acuerdo amplio para desbloquear la construcción de vivienda en la ciudad y poner fin a un mo

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