El miembro de la realeza británica caído en desgracia ha vivido rodeado de lujos durante décadas a pesar de haber sido apartado de los actos oficiales y no tener medios evidentes de sustento económico

Carlos III le quita a Andrés el título de “príncipe” y le echa de su mansión por el caso Epstein

Es uno de los grandes misterios de la monarquía de Reino Unido y actualmente está más en el foco que nunca. ¿Cómo financia Andrés Mountbatten-Windsor –que dejará de ser llamado “príncipe”– su elevado nivel de vida?

Se trata de un hombre que ha vivido durante décadas rodeado de lujos, que lleva años apartado de la vida pública por su relación con Jeffrey Epstein —el multimillonario estadounidense condenado por tráfico sexual—, y al que, sin embargo, no se le conocen fuentes visibles de ingresos.

Ni siquiera el rey Carlos parece tener claro de dónde proviene el dinero de su hermano, y más concretamente cómo ha conseguido las importantes sumas necesarias para mantener la mansión en la que vivía hasta ahora, la Royal Lodge, una vivienda de 30 habitaciones situada en los terrenos del castillo de Windsor, al oeste de Londres. Ahora ha recibido notificación de que tendrá que dejar la mansión y “mudarse a un alojamiento privado alternativo”. Los planes de Andrés son mudarse a una finca en Sandringham, en el este de Inglaterra.

Con su imagen por los suelos y apartado de la vida pública, durante años ha logrado mantener sus finanzas alejadas del escrutinio gracias a una combinación del tradicional secretismo que rodea a los Windsor y a la opacidad de sus tratos con personas adineradas, en su mayoría extranjeras.

Sin embargo, la indignación pública por su presunto abuso de Virginia Giuffre —una de las víctimas de la red de explotación sexual de Jeffrey Epstein, que le acusó de agresión cuando era menor de edad— puede hacer más difícil justificar el lujo en el que ha estado viviendo y mantener el velo sobre sus asuntos financieros. La presión sobre Andrés de Inglaterra se ha incrementado a raíz de la publicación del libro póstumo de Giuffre, que se suicidó a los 41 años.

La indignación ha roto el consenso, normalmente asfixiante, que existe en Westminster, donde los políticos se abstienen de criticar públicamente a la familia real. Keir Starmer, líder del Partido Laborista y de la oposición británica, ha dicho que está a favor de un escrutinio adecuado de las condiciones de la vivienda en la que vive el hermano del rey, y un comité de diputados veteranos ha solicitado ahora más detalles.

Entre quienes han alzado la voz en los últimos días se encuentra Robert Jenrick, portavoz de Justicia del Partido Conservador: “Ya es hora de que el príncipe Andrés se aparte, viva en privado y se gane la vida por sí mismo. Se ha deshonrado y ha avergonzado una y otra vez a la familia real. El público está harto de él”.

La única fuente de ingresos oficialmente declarada de Andrés Mountbatten-Windsor en la actualidad es la pensión que recibe por sus años en la Marina Real británica, entre 1979 y 2001. Se calcula que asciende a unos 23.000 euros anuales, una cantidad muy alejada de lo necesario para adquirir el chalet Helora, el refugio alpino en Suiza que compró en 2014 por unos 21 millones de euros, o para mantener el Royal Lodge, una mansión de estilo georgiano situada en 40 hectáreas de terreno dentro del Windsor Great Park, al oeste de Londres.

La mansión Royal Lodge

El Royal Lodge no pertenece a Andrés; es propiedad de la Corona y se le concedió en régimen de arrendamiento a largo plazo. Andrés obtuvo el derecho de uso en 2003, tras la muerte de su abuela, la Reina Madre, que había residido allí hasta el año anterior. Como parte del acuerdo, realizó un pago único de 1,2 millones de euros y se comprometió a invertir unos 8,7 millones de euros en la rehabilitación de la vivienda, trabajos que según los registros oficiales se completaron en su mayor parte hacia 2005.

Andrés Mountbatten-Windsor no pagaba alquiler y hasta ahora había podido seguir viviendo en la propiedad a cambio de sufragar su mantenimiento y conservación.

“Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada. Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra”, ha anunciado este jueves el Palacio de Buckingham.

Las condiciones del contrato le obligaban a mantener la mansión en buen estado para evitar ser desalojado. El año pasado, un artículo periodístico avanzaba que la vivienda necesitaba reparaciones, ya que presentaba humedades y zonas deterioradas con moho negro. El coste estimado de las reparaciones ascendía a unos 2,3 millones de euros. También debía costear de su propio bolsillo su seguridad personal —unos 3,5 millones de euros anuales, según se ha informado—, después de que el rey dejara de asumir ese gasto.

Los registros públicos muestran que el tercer hijo de la difunta reina Isabel recibió pagos oficiales del erario como miembro activo de la realeza entre 1978 y 2010. En 2011, David Cameron, entonces primer ministro, decidió cambiar la forma en que los contribuyentes financiaban la monarquía.

Como parte de esta reforma, David Cameron, que se define como un firme defensor de la monarquía, bloqueó deliberadamente la publicación periódica de las cifras que detallaban cuánto dinero público recibían Andrés y otros miembros de la familia Windsor. Cameron criticó lo que calificó de “doloroso debate anual sobre cada partida del gasto real, acompañado de una extensa cobertura en la prensa sensacionalista sobre si los distintos miembros de la familia resultan o no ”rentables“.

La última cifra publicada sobre el dinero público que recibía Andrés data de 2010 y ascendía a unos 290.000 euros anuales. A partir de entonces, la reina Isabel II comenzó a hacerle pagos directos con cargo a su patrimonio privado, mientras él continuaba desempeñando funciones oficiales.

Caída en desgracia

En 2019 se vio obligado a renunciar a sus responsabilidades reales tras su desastrosa entrevista en la BBC, en la que intentó defender su relación con Jeffrey Epstein y responder a las acusaciones de Virginia Giuffre, quien lo señaló por haberla agredido cuando era menor de edad. La entrevista, ampliamente criticada por su falta de empatía y coherencia, marcó el final de su vida pública.

Según una investigación publicada por The Guardian en 2023, dentro de su serie sobre el coste de la monarquía, Andrés había recibido durante las cuatro décadas anteriores casi 15 millones de euros para financiar su labor oficial como miembro de la familia real.

Después de 2019, parece que la reina Isabel primero, y el rey Carlos después, continuaron dando a Andrés una asignación anual procedente de la fortuna privada de los Windsor, que se cree que asciende a más de un millón de euros anuales. Sin embargo, según se informa, el rey dejó de pagar esa asignación el año pasado, en medio del llamado “asedio del Royal Lodge”. Carlos llevaba tiempo intentando que su hermano se trasladara a una residencia más modesta.

Tras la retirada del título de “príncipe” y la mudanza, el rey seguirá dando dinero a su hermano, con una aportación “apropiada” de su fortuna “privada”, según Palacio.

Cuando Andrés se retiró de la Marina en 2001, aún conservaba cierta popularidad, impulsada sobre todo por el reconocimiento a su servicio militar y, en particular, por su participación en la guerra de las Malvinas. De hecho, podría haber vivido de los ingresos que recibía del erario —unos 290.000 euros, una cantidad considerable para los británicos de a pie— y haberse dedicado a participar en eventos y realizar obras benéficas como un miembro de la realeza.

Pero lo que él quería era dinero, y mucho. En 2001 fue nombrado representante comercial del Gobierno. Formalmente, este puesto le obligaba a viajar al extranjero y ayudar a promover los negocios de las empresas del Reino Unido, pero desde hace tiempo se sospecha que, paralelamente, Andrés aprovechó este cargo para acceder a personas adineradas de todo el mundo y cerrar acuerdos comerciales para enriquecerse, ya fuera actuando como intermediario o haciendo presentaciones. Se le acusa de haber utilizado su cargo público para obtener beneficios personales o, dicho de forma más sencilla, haber incurrido en prácticas corruptas.