El Ayuntamiento de Granada ya está respondiendo a los primeros requerimientos judiciales tras las seis peticiones de anulación de la Zona de Bajas Emisiones presentadas en los juzgados. Según ha confirmado a este periódico el portavoz municipal, Jorge Saavedra, ya han respondido a la petición de Armilla y la de un particular. Quedan por tanto las de Vox, una asociación y las de los municpios de Maracena y Gójar, que anunciaron demandas. Pero de estas todavía no ha llegado al Ayuntamiento la petición de alegación. Tampoco consta aún ninguna medida cautelar de paralización dictada.

Según Saavedra, en las respuestas el Ayuntamiento está insistiendo en varios argumentos y uno principal es el perjuicio económico que supondría que se tumbara judicialmente su aplicacón, como por otra parte ya

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