Trece organizaciones feministas y de derechos humanos expresaron su rechazo a la resolución de la juez de control Alejandra Román Pérez , del Poder Judicial del Estado de Puebla , quien determinó liberar a Ricardo “N”, primer imputado por el delito de violencia vicaria en América Latina.

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La medida, que sustituyó la prisión preventiva justificada por arresto domiciliario , fue calificada por los colectivos como un retroceso en la protección de las víctimas y en la lucha por el reconocimiento de esta forma de agresión contra mujeres.

De acuerdo con el posicionamiento firmado por las agrupaciones, la juez reconoció durante la audiencia que existía riesgo real de sustracción del men

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