Un año ha pasado desde que la Corte Constitucional escuchó en audiencia pública la demanda que presentaron la Gobernación de Caldas y la Industria Licorera de Caldas.

El objetivo fue definir la constitucionalidad del cierre de fronteras de los departamentos, que tenían autonomía para frenar en sus regiones los permisos de introducción de aguardientes.

Por esta razón, la noticia del 4 de febrero se calificó como un fallo histórico, luego de que la Corte autorizó acabar con este monopolio rentístico, pasando de un mercado restringido en el que la ILC podía actuar solo el 33% del mercado al ciento por ciento de la población del país.

Aunque fue paso a paso y sorbo a sorbo, en ocho meses se ha logrado despejar el 98% del mercado.

A continuación un breve resumen de los buenos tragos que ha

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