El Gobierno de Pedro Sánchez ha congelado durante tres años las ayudas a las mujeres víctimas de violaciones, a pesar de que las agresiones sexuales con penetración se han disparado un 15% desde 2023, según datos del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska . Desde el último ejercicio en el que se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado , el Ministerio de Igualdad de la socialista Ana Redondo no ha tocado esta ayuda. Tanto es así que incluso algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, han visto reducida la partida anual que reciben para ayudar a las víctimas.

El Ejecutivo socialista ha reconocido que desde 2023, último año que aprobaron cuentas públicas, la ayuda dedicada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales no sólo no se ha elevado al mismo ritmo al que crecían las violaciones constatadas por Interior, sino que ha permanecido congelada .

En una respuesta parlamentaria tras una pregunta del PP, el Gobierno ha admitido el volumen de «las cuantías que se han repartido para cada año de los fondos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género destinados a programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales ».

Desde 2019 hasta 2023, la inversión dedicada a las víctimas de violaciones pasó de 2 millones a 9,5 millones . Pero, a la vez, el número de ese tipo de delitos que constató la cartera de Marlaska también se disparó: de 1.873 agresiones sexuales con penetración en 2019 a 4.880 en 2023; es decir, un 160% más .

Sin embargo, el último año en el que el Gobierno aprobó presupuestos, en 2023, fue el último año en el que se ha producido una subida de las ayudas a las víctimas acorde con el crecimiento de delitos sexuales. Y es que, desde entonces, el número de víctimas ha crecido. En 2024 se contabilizaron 5.206 delitos de este tipo. Ahora, en lo que va de 2025, las violaciones han aumentado un 7% .

Es decir, que desde que el Gobierno congeló las ayudas a las víctimas de violaciones, esos delitos han crecido un 15% . Y es que, según Interior, los datos en la primera mitad de 2025 se produjeron 2.655 agresiones con penetración y, en los primeros seis meses de 2023, 2.305 .

Menos recursos en Castilla-La Mancha

Especialmente relevante es el caso de Castilla-La Mancha, de la que se hace mención en la pregunta parlamentaria de los políticos populares . Y es que, en la región, durante el primer trimestre de 2025 se dispararon un 76,2% las agresiones sexuales con penetración.

Ese dato contrasta con las ayudas del Gobierno para Castilla-La Mancha, que no sólo se congelaron, sino que se vieron reducidas levemente desde 2023. Aquel año, la comunidad encabezada por el también socialista Emiliano García-Page recibió 585.923,82 euros . Al siguiente ejercicio, 585.854,26 euros y, este año, se ha producido otro recorte en esas ayudas, pasando a 585.284,17 euros .

Igualdad, en su lugar, se vanagloria de haber ampliado «los recursos estatales a todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul , incluyéndose en el servicio 016, en ATENPRO y en el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género». También señala que se ha «impulsado la creación de Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en cada provincia y ciudad autónoma».

Chapuza de Igualdad con las pulseras

Este nuevo escándalo se suma a la chapuza de Igualdad en la gestión de las pulseras antimaltrato . El cambio de proveedor de este servicio generó un problema técnico que afectó directamente a la protección de las víctimas de violencia de género. El paso de una empresa a otra provocó que la información anterior, que se encuentra cifrada, no se traspasase correctamente a las nuevas bases de datos.

La Fiscalía documentó en  su memoria correspondiente a 2024 « múltiples fallos»  detectados con estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa informó «reiteradamente»  a los juzgados de que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta anomalía produjo consecuencias tanto en la fase de  instrucción  ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como  en la fase de enjuiciamiento . En el juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos aboca a una sentencia absolutoria». La Fiscalía General del Estado reconoció que esta situación ocasionó sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores.

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife alertaron específicamente de « problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios». Además, avisaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».

No fue el único problema. Los dispositivos de control que compró Igualdad también demostraron ser tan deficientes que hasta los propios maltratadores confesaron que podían quitárselos « perfectamente» , según declaró uno de ellos ante un juez.