Los mayores residentes en la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro (Ourense) estaban sucios. También sus instalaciones. No había alimentos en las neveras y el menú se reducía a patatas y leche. Uno de sus trabajadores era migrante sin papeles. La Xunta de Galicia, gobernada por el Partido Popular, la clausuró el 1 de octubre tras la denuncia de un familiar de uno de los empleados. Apenas tres semanas antes, una inspección rutinaria no había detectado ninguna de estas graves deficiencias. “Procedimos a su cierre inmediato tras una inspección de los servicios sociales de nuestra comunidad”, dijo la conselleira de Política Social, Fabiola García, obviando la primera e infructuosa visita al lugar. No es el único incendio que afecta a las amplias y diversas materias que gestiona su departamento. Los conflictos se le multiplican a García en residencias, servicio de ayuda al hogar, menores o ayudas a la discapacidad, y distintos sectores critican la falta de interlocución. Política Social, en respuesta a preguntas remitidas por este periódico, afirma que “siempre apuesta por el consenso y el diálogo con todas las entidades sociales y demás organizaciones”.

No habían pasado ni 15 días, la conselleira respondía en el Parlamento de Galicia a las preguntas del BNG sobre lo sucecido en la vivienda comunitaria de Amoeiro y transcendía que la inspección había clausurado otra, San Gabriel, esta en Xinzo de Limia (Ourense) . Ambas son de titularidad privada. Al contrario que en el primer caso, esta vez el Gobierno gallego sí informó de lo que había detectado en el local: 15 residentes en unas instalaciones con capacidad reconocida para diez. El BNG se preguntaba en el Hemiciclo “cuántos Amoeiros más están esperando a ver la luz” y exigía la dimisión o cese de García. A la situación de estas viviendas comunitarias, de propiedad privadas aunque sometidas a vigilancia pública, se suman otros problemas y deficiencias a los que se enfrenta Política Social en atención a los mayores.

Psiquiátricos en residencias

El ingreso de pacientes psiquiátricos en residencias públicas de la tercera edad ha generado un enorme malestar entre usarios y trabajadores . “Es una situación gravísima”, evalúa para elDiario.es la sindicalista Marta Regueiro, de la CIG, “personas de 90 años, algunas dependientes, que conviven con otras de 50 años y diagnosticadas de esquizofrenia en centros de 200 residentes. La gente tiene miedo”. Regueiro recuerda que la propia Xunta prometió soluciones al respecto pero estas no se materializan. “Cada vez llegan más pacientes psiquiátricos”, denuncia, a residencias que carecen de médicos especialistas y de empleadas y empleados formados para tratar con ellos.

Inspección de Trabajo ha colocado el foco sobre esta situación. Según publicó este periódico la pasada semana, uno de sus informes sobre el Centro Residencial de Atención a Persoas Dependentes número 1 de Vigo alertaba de que la violencia generada por los ingresos de enfermos psiquiátricos en centros de ayores “pone en riesgo la vida, la integridad física y la salud mental de las trabajadoras”. La Xunta asegura que ya ha instaurado algunas de las medidas solicitadas por el ministerio -este le dio cuatro meses para hacerlo- pero los sindicatos aseguran que no saben nada. También chocan a la hora de dimensionar la cuestión. El Gobierno gallego sostiene que solo el 1,7% de usuarios de residencias públicas responde al perfil de paciente psiquiátrico, pero fuentes del sector explican que en la de Vigo, por ejemplo, son casi la mitad. Y esto sucede en centros públicos, cuyas condiciones laborales y estructurales son objeto de denuncia sindical una y otra vez.

“Las enfermeras son escasas”, aduce Regueiro. Y las plazas. Son unas 5.000 las que oferta la red pública, sobre un total disponible de 22.865. La Organización Mundial de la Salud recomienda cinco plazas por cada 100 habitantes de más de 100 años. En Galicia harían falta unas 14.000 nuevas para cumplirlo. Y fortalecer el sistema público parece lejos de las prioridades del Gobierno de Alfonso Rueda. Ninguno de los sucesivos gabinetes del PP, primero con Feijóo y desde 2022 con Rueda al frente, ha abierto un centro público. El último fue Volta do Castro, en Santiago de Compostela en 2007. Ni siquiera las siete residencias que la Fundación Amancio Ortega donará a la Xunta contribuirán: aunque su titularidad será gubernamental, su gestión saldrá a concurso . La Fundación de Estudios y Análisis se ha hecho ya con el control de las de Santiago de Compostela y Lugo . La Consellería de Política entiende que se trata de “una figura de gestión pública” empleada por todas las administraciones, incluidas algunas gobernadas por Partido Socialista y BNG como la Deputación de Lugo o los concellos de Pontevedra y Santiago de Compostela. Mientras, ha desbloqueado la construcción de una residencia en Ribeira (O Barbanza, A Coruña): lo ha hecho cinco días después de la moción de censura con la que el PP le arrebató al BNG la alcaldía de la localidad y tras meses de parálisis.

Ausencia de diálogo

También ha tardado años en atender las demandas de las trabajadoras y trabajadores de los servicios de ayuda en el hogar , que sufraga en parte la Xunta y ofrecen los ayuntamientos a través de concesiones a compañías privadas. Las empleadas y empleados reclaman sobre todo mayor seguridad en su día a día. “La consellería descarga todo en la Fegamp [Federación Galega de Municipios e Provincias] y se desentiende”, señala David Gontán, coordinador del Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia. Un empleado de un concello del interior de Galicia lo expone gráficamente: allí, las trabajadoras del Servizo de Axuda ao Fogar siempre van acompañadas, “esto es una buena praxis”, pero no porque lo diga la ley autonómica, “la Xunta no obliga a hacerlo, ni siquiera lo aconseja”, sino por iniciativa propia de ese municipio.

El pasado mes de julio en O Porriño, la situación tantas veces denunciada por los sindicatos derivó en tragedia. Un usuario asesinó a una cuidadora del servicio de ese ayuntamiento . Ella misma había advertido del peligro al que se enfrentaba y el mismo día de su muerte comunicó a la empresa, Aralia, que renunciaba por acoso a su puesto de trabajo . Demasiado tarde. El suceso colocó de nuevo en primer plano las exigencias de las trabajadoras. Política Social ha anunciado que dotará al servicio de un “protocolo contra la violencia en el ámbito laboral, sea psicológica, física o sexual”. Lo hace tras solicitarlo la mesa de trabajo impulsada por la Fegamp.

“Falta alguien al mando”, no duda en afirmar Gontán, “llegan alertas por todos los lados”. Los trabajadores y trabajadoras sociales se encuentran en el centro de no pocas de las políticas dependientes de la consellería que dirige Fabiola García. “Nunca recibió al Colexio de Traballo Social y eso que es la profesión que vertebra la política social, la puerta de entrada”, asegura. Percibe un patrón: un gobierno de la materia de espaldas a la población y a las profesionales del sector. Como ejemplo coloca el “vaciado” del Consello Galego de Benestar“, un órgano participativo y asesor en el que se sentaba asociaciones y entidades. Política Social rechaza la acusación y asegura que ”lo ha rediseñado“ para que tenga ”un mayor perfil técnico“.

Esta queja sobre la falta de interlocución se repite en diferentes sectores. Las 42 entidades, más de 7.000 socios, que conforman Fademga (la federación gallega de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo), la hicieron pública.

“Los servicios sociales como gasto, no como inversión”

“El sector atraviesa una situación límite por la falta de actualización de los módulos económicos del concierto social y la ausencia de respuesta política por parte de la Xunta”, decía el comunicado que remitieron a los medios de comunicación. Según su versión, la raíz del problema era precisamente esa: la falta de financiación y lo que denominan ausencia de diálogo institucional. Las subidas salariales del convenio colectivo (10%) y del salario mínimo (18,4%), además de la inflación (10,5%), hacen que la propuesta del Gobierno gallego, una súbida de entre el 5,4% y el 7,88% de los módulos del concierto social, “resulta completamente insuficiente para garantizar la viabilidad de los servicios y la estabilidad del personal”. Solo la amenaza de movilizaciones logró resultados: el pasado 27 de octubre Fademga anunciaba que habían alcanzado un acuerdo y suspendía las protestas. “El Gobierno va a hacer frente a los costos derivados de los convenios colectivos”, asegura la consellería, que carga contra el Ejecutivo central por, dice, reducir su aportación a la atención de personas dependientes y con discapacidad“.

“La consellería ve los servicios sociales como un gasto, no como inversión. Hablan de sistema público-privado pero en realidad es privado”, afirma David Gontán, “hace tiempo que solicitamos reuniones y nada. La última vez fue por su mala gestión del ataque al centro de menores de Monforte de Lemos, el señalamiento”. No obtuvieron respuesta. La Xunta de Alfonso Rueda ha obedecido las consignas de Génova y obstaculizado el acogimiento de menores de edad migrantes. Habló de “aluvión” y denunció el reparto de refugiados decretado por el Gobierno central ante el Tribunal Consitucional. Amnistía Internacional acusó a Política Social de “criminalizar y señalar” a todo un colectivo y le instó a rectificar. Cuando dos individuos lanzaron cócteles molotov al centro de Monforte, Rueda intentó victimizarse y dijo que la oposición de BNG y PSdeG usaban discursos de odio contra él. El sistema de protección de menores, dicen trabajadoras sociales, educadoras o psicólogas, está saturado y “deja fuera a quien lo necesita” .