En Perú, la situación de la extorsión es alarmante. Entre enero de 2024 y julio de 2025, solo se han emitido veinte sentencias por casos de extorsión en todo el país. Esto significa que más del 98% de las denuncias presentadas terminan archivadas o sin resolución. Por otro lado, la infraestructura de las comisarías en Perú también enfrenta una crisis significativa. La Contraloría General de la República ha catalogado al menos el 40% de las comisarías como inhabitables. Esta situación ha generado preocupación tanto en la Policía Nacional del Perú (PNP) como en la Contraloría. Recientes evaluaciones internas han identificado al menos diez sedes policiales en estado de emergencia y riesgo de colapso. En Lima, la comisaría de Surquillo sufrió el colapso de parte de su techo, lo que resultó en lesiones para tres personas. La comisaría de Piedra Liza, en el distrito del Rímac, presenta fracturas en columnas y grietas en los muros, lo que pone en peligro la seguridad de los agentes y de los ciudadanos. La falta de espacio adecuado ha llevado a que los policías reciban denuncias en plena vía pública, comprometiendo la privacidad de las víctimas. Además, muchas comisarías carecen de un suministro regular de agua potable, lo que obliga a los agentes a acarrear agua desde fuentes externas. La Contraloría ha señalado que las instalaciones policiales, muchas de ellas con décadas de antigüedad, presentan daños estructurales graves, incluyendo servicios sanitarios colapsados. En algunas comisarías, los baños están clausurados debido a deficiencias que no pueden ser reparadas con el presupuesto actual. De los casi 960 millones de soles asignados a la PNP para inversiones en infraestructura, solo se ha ejecutado el 20%. Esta baja ejecución ha impedido la rehabilitación y construcción de nuevas sedes, a pesar de las recomendaciones de los órganos de control estatal. Las autoridades han instado a acelerar la utilización de estos fondos para mejorar las condiciones de operatividad y atención al público. La PNP y la Contraloría han hecho un llamado a reorientar la gestión presupuestal y priorizar inversiones que aborden el deterioro crítico de la infraestructura policial. La persistencia de estas deficiencias no solo afecta la moral de los agentes, sino también su capacidad para proteger a la población en situaciones de emergencia.