En distintas regiones del país, especialmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca y Bolívar, la minería ilegal y los delitos contra el medioambiente continúan expandiéndose al margen de la ley, alimentando redes vinculadas al narcotráfico y al financiamiento de grupos armados.
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La explotación ilícita de yacimientos genera deforestación, contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio y desplazamientos de comunidades, mientras las autoridades avanzan con operativos de control que, aunque frecuentes, enfrentan limitaciones por la presencia de estructuras armadas y la falta de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales.
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