El asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, es más que una tragedia individual: es el retrato de un país donde la política local se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Carlos Manzo, un edil que había denunciado los vínculos entre el crimen organizado y el poder político, fue ejecutado a plena luz del día, en un acto público, frente a su comunidad. Su muerte no es sólo un golpe a su municipio; es una herida abierta en la gobernabilidad del país.

México vive un proceso silencioso de erosión institucional desde su base. Los municipios, que deberían ser el rostro más cercano del Estado, son hoy su punto más débil. Allí donde las policías locales son rebasadas, donde los recursos son insuficientes y donde la ley depende de la voluntad de unos pocos, el crimen encuentra terreno f

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