El Ejército Nacional de Colombia ha confirmado la liberación de los soldados Ángel González y Edgar Mina Carabalí, quienes habían sido secuestrados en la vereda Getsemaní, en el municipio de La Macarena, Meta. El incidente ocurrió durante una asonada protagonizada por aproximadamente 400 personas, vinculadas al grupo armado ilegal "Bloque Jorge Suárez Briceño", parte de las disidencias de las Farc.

Los soldados, que pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, fueron retenidos mientras realizaban una operación de apoyo a la Fiscalía. Inicialmente, cuatro soldados fueron capturados, pero horas después, dos de ellos fueron liberados, quedando González y Mina Carabalí en cautiverio. Durante su retención, los secuestradores obligaron a los soldados a despojarse de sus uniformes y armas, vistiéndolos con ropa civil.

La liberación de los uniformados se logró gracias a la mediación de la Iglesia, que estableció contacto con organismos internacionales para facilitar su salida. Se espera que los soldados lleguen a la base militar correspondiente en las próximas horas, donde recibirán atención médica para evaluar su estado de salud físico y psicológico tras el cautiverio. Además, deberán rendir testimonio ante las autoridades militares sobre los hechos ocurridos durante su retención, lo que será crucial para esclarecer las circunstancias del secuestro.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su rechazo categórico al secuestro, señalando que "quienes tocan y agreden a un militar, están atacando el corazón de la Nación". También destacó la preocupación por la integridad física y la vida de los soldados durante su cautiverio. Las autoridades han puesto estos hechos en conocimiento del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y se están llevando a cabo acciones legales y operacionales para restablecer el orden en la región.

El Ejército Nacional ha reafirmado su compromiso de continuar la ofensiva contra los grupos criminales en la zona, mientras que la situación de los soldados liberados se mantiene como una prioridad institucional. La intervención de la Iglesia en este tipo de situaciones ha sido recurrente en el país, buscando mediar en conflictos entre comunidades y la fuerza pública.