Ya resulta excesivo que, por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución, y sin ninguna situación similar conocida a lo largo de la Historia, todo un Fiscal General del Estado en pleno ejercicio de sus funciones esté siendo juzgado en el Tribunal Supremo (por su condición de aforado) por la presunta comisión de graves delitos. Sí, graves; precisamente porque la conducta penal de la que se le acusa probaría una actuación impropia de dicha elevada responsabilidad institucional, que exige una acreditada probidad por parte de su titular en el ejercicio del cargo. Que debe actuar siempre alejado de cualquier clase de vínculos o relación con intereses políticos partidistas. La división de poderes es fundamento de la democracia parlamentaria, y la conducta de Álvaro García Ortiz habr
Mazón, «tapadera» del juicio al Fiscal General del Estado
LA RAZÓN Opinión9 hrs ago
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