El martes 4 de noviembre de 2025, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur se entregó finalmente a las autoridades judiciales tras permanecer seis días prófuga. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, había ordenado su captura nacional e internacional el 29 de octubre, luego de comprobar que Peralta no se encontraba en los domicilios que había declarado.

Su liberación inicial —dictada el mismo día, bajo caución de S/10 000— fue anulada por incumplir las restricciones impuestas.

La justicia, otra vez, llegó tarde y por obligación, no por convicción.

Peralta enfrenta cargos por tráfico de influencias y cohecho activo, en una investigación vinculada a una presunta red que buscó recuperar barras de oro incautadas por el Ministerio

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