La ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien enfrenta un juicio por su supuesta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, ha solicitado asilo político en México. Sin embargo, la Corte Suprema de Perú ha determinado que este intento no detendrá su proceso judicial. El pasado martes, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema rechazó la solicitud de Chávez de ser declarada reo contumaz, lo que habría implicado la suspensión indefinida de su juicio por rebelión. Los jueces argumentaron que esto generaría una "incertidumbre" que perjudicaría la justicia. "Betssy Chávez sabe perfectamente que se encuentra en un juicio oral", afirmaron los magistrados, quienes indicaron que ella ha estado presente en las sesiones y ha ejercido su defensa. A partir de ahora, su defensa legal deberá continuar, y en caso de renunciar, se le asignará un defensor público. La sentencia de la Sala Penal Especial determinará si Chávez es culpable del delito de rebelión, lo que podría conllevar una pena de 25 años de prisión, tal como lo exige la Fiscalía. Paralelamente, en el Congreso de Perú se discute un informe que recomienda inhabilitar a Chávez por 10 años debido a su participación en el golpe de Estado. Este informe ya ha sido aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente, y su aprobación final depende del Pleno del Congreso. La presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, ha solicitado que se priorice la denuncia constitucional contra Chávez, argumentando la gravedad de la situación. Si se agenda la discusión, se invitará a Chávez a defenderse, y su inasistencia será considerada injustificada. Por otro lado, el gobierno mexicano ha defendido el asilo otorgado a Chávez, argumentando que fue un acto legítimo. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha calificado de "injusta" la detención de Castillo y ha eludido mencionar que esta fue validada por la justicia peruana. La situación ha generado tensiones diplomáticas entre Perú y México, con el canciller peruano calificando el asilo como un acto "inamistoso". La Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, ha respaldado esta postura, señalando que las relaciones bilaterales han sido "mermadas". El asilo de Betssy Chávez no solo plantea interrogantes sobre su futuro legal, sino que también intensifica las tensiones entre Perú y México en el ámbito político y diplomático. La situación sigue evolucionando, y el desenlace del juicio y la posible inhabilitación de Chávez están por verse.