**Escándalo en Puente Alto: Revelaciones sobre corrupción**

Sergio Rodrigo Yáber Lozano, conservador de Puente Alto, ha proporcionado una cronología detallada de su relación con Gonzalo Migueles Oteiza y su pareja, Ángela Vivanco Martínez. Su declaración ante la Fiscalía de Los Lagos, el 23 de octubre de 2025, se produce un día antes de que el OS7 de Carabineros realizara un allanamiento en su oficina. Yáber está imputado en una trama de corrupción vinculada al consorcio bielorruso Belaz Motivec, donde se le acusa de blanquear sobornos recibidos por la exjueza.

En su testimonio, Yáber admitió haber contratado a Migueles en su oficina, aunque justificó su decisión como un acto de humanidad, ya que fue Ángela Vivanco quien se lo solicitó. Sin embargo, Yáber había expresado en privado que consideraba a Migueles un "coimero" y que debía distanciarse de él. La relación entre ambos comenzó a finales de los años 90, cuando Migueles era cliente en la Notaría de Valparaíso, donde Yáber trabajaba como interino.

La cercanía entre ellos se intensificó en 2018, tras un reencuentro casual en La Serena. Durante esa reunión, Migueles mencionó que había quebrado su fábrica de producción avícola y estaba buscando empleo. Yáber, quien había sido designado como conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, le ofreció un puesto en su oficina. En noviembre de 2018, tras su nombramiento, Ángela Vivanco contactó a Yáber para recordarle que Migueles seguía sin trabajo, lo que llevó a Yáber a abrirle un cupo en Recursos Humanos.

Yáber explicó que no se firmó ningún contrato formal, y que acordaron verbalmente un salario de $3.000.000 mensuales. Migueles trabajó inicialmente de lunes a viernes, pero luego solicitó trabajar a distancia, asistiendo solo dos días a la semana. Yáber no tiene registros de asistencia, ya que no existía un contrato formal. Además, le pagaba bonos de fiestas patrias y navidad que variaban entre $300.000 y $500.000, aunque no recuerda haber realizado otros incentivos, salvo préstamos personales.

Las tareas de Migueles incluían entrevistar a funcionarios, revisar aumentos de sueldo y organizar eventos. Sin embargo, Yáber admitió que no tiene documentación que respalde el trabajo realizado por Migueles, indicando que las instrucciones se daban de manera verbal. La relación laboral terminó en diciembre de 2024, aunque Yáber continuó realizando depósitos a Migueles después de esa fecha. La situación ha generado un gran revuelo en la comunidad y ha puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones involucradas.