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Por la mínima y después de mucho trabajo en el Capitolio en las últimas horas. La Administración Trump ha salvado una votación –51-49– que se presentaba ajustada sobre una Resolución de Poderes de Guerra que exigía la autorización del Congreso en caso de querer atacar Venezuela. Es decir, los republicanos han logrado tumbar una resolución que habría supuesto limitar la capacidad de maniobra de Trump ante una hipotética ofensiva militar sobre el país y contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La votación, apoyada por todos los demócratas del Senado, que no quieren ataques a Venezuela, más el cofirmante republicano, Rand Paul (Kentucky), llegaba 24 horas después de que los magistrados del Supremo mostraran su escepticismo sobre una de las principales medidas de la presidencia de Donald Trump: los aranceles generalizados a todo el mundo aplicados de manera ejecutiva sin pasar por el Congreso.
Pero también llegaba después de la derrota republicana en las elecciones del martes pasado y en medio de un cierre del gobierno en el que la Administración no está encontrando dinero para pagar las ayudas para alimentos a los 42 millones de personas que se han quedado sin el programa SNAP mientras sí lo tiene para movilizar un portaaviones al Caribe; seguir asesinando personas en supuestas narcolanchas extrajudicialmente; aprobar un rescate de 20.000 millones al presidente argentino, Javier Milei, antes de las elecciones legislativas; o seguir haciendo campañas de contratación de agentes anti migración del ICE.
En ese contexto, la Administración Trump se ha remangado en el Senado para no perder senadores en una votación que podía suponer una nueva derrota en una mala semana para la Casa Blanca.
Y lo han salvado por la mínima. Para conseguirlo, han reconocido ante el Congreso de EEUU que no tiene base legal que apoye ataques sobre Venezuela, lo cual no quiere decir que no esté construyéndolos ni que no termine saltándoselos.
Miembros de la administración Trump aseguraron este miércoles en el Congreso que no tienen previsto, de momento, lanzar ataques dentro de Venezuela y que aún no cuentan con una base legal que avale ataques contra objetivos terrestres, según la CNN .
Esa información fue facilitada durante la sesión llevada a cabo por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un integrante de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Casa Blanca en el Capitolio. Durante la sesión a puerta cerrada, la Administración informó de que el dictamen elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia para justificar los ataques contra presuntos barcos narcotraficantes, que adelantó la CNN en octubre , no permite ataques dentro de Venezuela ni en ningún otro territorio.
Sin embargo, la Administración Trump reconoció estar buscando un dictamen jurídico independiente del Departamento de Justicia que justifique el lanzamiento de ataques contra objetivos terrestres sin necesidad de pedir al Congreso que autorice el uso de la fuerza militar, si bien aún no se ha tomado ninguna decisión para llevar a cabo un ataque dentro del país, según la CNN.
Una resolución para evitar un ataque a Venezuela
“El solo hecho de que se vote y con este apoyo tan fuerte, le muestra a la administración que existe un rechazo importante”, señala Francesca Emanuele, analista internacional especializada en América Latina del Center for Economic and Policy Research (CEPR).
La resolución ha sido impulsada por los senadores Tim Kaine (Demócrata de Virginia), Rand Paul (Republicano de Kentucky) y Adam Schiff (Demócrata de California) y pide “ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso”.
“Es el principal mecanismo que tiene el Congreso de Estados Unidos para frenar una ofensiva militar del Ejecutivo. No se trata de autorizar una guerra, sino de votar si se ordena o no la retirada de las fuerzas estadounidenses involucradas en operaciones militares en Venezuela sin la aprobación del Congreso”, explica Emanuele.
La resolución, en este sentido, “ordena al presidente que ponga fin al uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos dentro de Venezuela o contra ella, a menos que esté expresamente autorizado mediante una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.
El texto afirma que “el Congreso tiene la facultad exclusiva de declarar la guerra, de conformidad con la Constitución de EEUU” y que “el Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela ni a ninguna persona u organización dentro de Venezuela, ni ha promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar dentro o contra Venezuela”.
Más de cuarenta organizaciones y colectivos sociales y políticos habían escrito una carta a los senadores de EEUU antes de la votación para pedir su apoyo a la resolución. En su carta recuerdan que “la Constitución y la Resolución de Poderes de Guerra (WPR, por sus siglas en inglés) de 1973 establecen que es el Congreso —y no el presidente— el que debe autorizar cualquier guerra o acciones militares ofensivas”.
“Además de no estar autorizada y de ser inconstitucional, una acción militar en contra de Venezuela es extremadamente impopular entre el pueblo estadounidense”, afirman en la carta, firmada por entidades como el Center for Economic and Policy Research (CEPR), Action Corps, Antiwar.com, Justice Democrats, Libertarian Institute, Quincy Institute for Responsible Statecraft, Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, Veterans For Peace y World BEYOND War.
Las organizaciones también alertan de “las consecuencias —desplazamientos masivos, inestabilidad regional, aumento del crimen y proliferación de armas—” que “se sentirían de forma más directa en toda la región” en caso de un ataque de EEUU.
En una entrevista a Donald Trump en 60 Minutes, de CBS , emitida este domingo por la noche, la periodista, Norah O'Donnell, intenta repreguntar varias veces por los ataques a Venezuela a Trump, quien evitó dar una respuesta clara sobre si ya había planes para atacar Venezuela: “No te voy a decir eso. No digo que sea verdad o mentira, pero... ya sabes, yo no...no me inclinaría a decir que lo haría. Pero porque no le cuento a un periodista si voy a atacar o no. No te voy a decir qué voy a hacer con Venezuela, si es que lo voy a hacer o no”.
Según expresan las organizaciones sociales en su carta a los senadores, “la política de Estados Unidos no debe —ni intencional ni inadvertidamente— agravar las condiciones que obligan a los venezolanos a huir, ni desalentar a quienes deseen regresar. La historia demuestra que las guerras de cambio de régimen impulsadas por Estados Unidos agravan las crisis de refugiados, no las resuelven”.
Si se hubiera aprobado en el Senado, la resolución habría pasado a la Cámara de Representantes para su aprobación. Una vez aprobada por ambas cámaras, se tendría que enviar al presidente, quien podría vetarla. Para superar el veto se necesitan dos tercios en ambas cámaras, algo muy improbable en este contexto.
La acumulación de recursos militares en el Caribe, a la que se sumará en los próximos días un portaaviones, ha alimentado la hipótesis de que la Casa Blanca está dispuesta a atacar Venezuela y poner en marcha una operación para deponer al presidente del país, Nicolás Maduro.
El ejército estadounidense ha llevado a cabo 16 ataques informados contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental desde septiembre, en los que han muerto al menos 67 personas: unos asesinatos extrajudiciales sobre los que la Administración Trump no ha aportado ninguna prueba de los supuestos delitos que se atribuyen, ni la identidad de las personas muertas, ni el rastro de la supuesta carga transportada.
El último de los 16 ataques fue comunicado el pasado martes por el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, quien no aportó ninguna prueba de lo que contaba en sus redes sociales para avalar el asesinato de otras dos personas: “Información de inteligencia confirmó que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes. El ataque se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque, y dos narcoterroristas que se encontraban a bordo del buque murieron”.
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