La Administración Trump tenía la orden de pagar 4.000 millones de dólares antes de la medianoche. Era la consecuencia de la negativa preliminar del Tribunal de Apelaciones al recurso de la Casa Blanca a la orden de un tribunal federal que exigía el pago íntegro de la mensualidad de noviembre a las 42 millones de personas beneficiarias del programa de ayudas para alimentos SNAP.

Estas 42 millones de personas se han visto privadas de esas ayudas, de 187 dólares de media por persona, a raíz del cierre de la Administración, que acumula ya 38 días.

Pero la jueza progresista Ketanji Brown Jackson ha emitido un fallo de urgencia este viernes por la noche en respuesta al recurso elevado por la Administración Trump, que no quiere pagar esas ayudas porque, según Trump, necesita “liquidez por si hay problemas, catástrofes o guerras”.

Ahora bien, con el rescate que le ha regalado a Javier Milei, de 20.000 millones, tendría para pagar cinco mensualidades del SNAP.

En su fallo, la jueza Brown Jackson explica que el Tribunal de Apelaciones “desestimó la solicitud de los demandantes de una suspensión administrativa, pero declaró que 'tiene la intención de emitir una decisión sobre [la moción de suspensión pendiente de apelación] lo antes posible”.

La Administración Trump presentó este viernes por la tarde, a continuación, una solicitud ante el Supremo en la que pedía la suspensión de las órdenes del Tribunal de Distrito “a la espera de la resolución de la apelación del Gobierno ante el Tribunal de Apelación y, si el tribunal de apelación confirma esas órdenes, en espera de la presentación y resolución oportunas de una petición de auto de certiorari [petición para que el Supremo revise el caso] ante este Tribunal”.

En su fallo, Brown Jackson relata que “los solicitantes afirman que, sin la intervención de este Tribunal, tendrán que''transferir unos 4.000 millones de dólares antes de esta noche' para financiar las prestaciones del SNAP hasta noviembre”.

La jueza, así, ordena “una suspensión administrativa para facilitar la resolución rápida por parte del Tribunal de Apelaciones de la moción de suspensión pendiente”, y establece “que las órdenes del tribunal federal queden suspendidas administrativamente en espera de la resolución de la moción pendiente del Tribunal de Apelación. Esta suspensión administrativa terminará 48 horas después de que el Tribunal de Apelación resuelva, lo que se espera que se produzca con celeridad”.