Han pasado casi cuarenta años desde la noche en que Armero desapareció del mapa, arrasado por la furia del volcán Nevado del Ruiz y, sobre todo, por la indolencia del Estado. El 13 de noviembre de 1985, más de 23.000 colombianos murieron bajo el lodo, atrapados no solo por una avalancha sino por décadas de abandono, desidia y ceguera gubernamental.

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Lo que ocurrió en Armero no fue una catástrofe natural. Fue una tragedia anunciada, advertida y desoída. Los geólogos y el propio Servicio Geológico Colombiano alertaron durante meses sobre el riesgo inminente. Pero los gobiernos nacional y departamental, ocupados en discursos y cálculos políticos, decidieron ignorar las advertencias. Prefirieron

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