Empresarios con tiendas de cáñamo industrial lamentan una persecución por parte de agentes de la Policía Municipal de Madrid que pone en peligro sus negocios

Las operaciones policiales que confunden el CBD con la marihuana desatan el temor entre productores: “Montan un tinglado”

Agentes de policía que llevan a cabo operaciones ‘antidroga’ en tiendas que venden productos de CBD (cáñamo industrial, un cannabinoide sin efectos psicoactivos) pese a que no superan los umbrales de THC, el componente psicoactivo de la marihuana, marcado por la normativa europea. Empresarios que, ejerciendo un negocio de forma legal, ven cómo arrasan con los productos de su tienda con la justificación de hacer un control y comprobar si, bajo el pretexto de vender flores o aceites de CBD, en realidad se está vendiendo droga. Y luego unos jueces y juezas que no ven la comisión de un delito contra la salud pública y archivan los casos tras largos procesos judiciales que suponen una pérdida económica importante para los afectados.

Esta es la historia de decenas de empresarios en los últimos años que viven al borde del cierre de sus negocios debido a la persecución policial que afirman estar sufriendo. Ramón Merino y Pablo Gutiérrez son dos de ellos: ambos tienen tiendas de CBD y son, a su vez, socios a través de una empresa, de la cual Merino es administrador único. Los emprendedores lamentan pérdidas económicas, daños psicológicos y denuncian la persecución que sufren pese a que dos juzgados de Madrid han archivado las diligencias que se abrieron contra ellos por presuntos delitos contra la salud pública. La instrucción concluyó que no existían indicios de delito por tráfico de drogas ni contra la salud pública, tras las denuncias presentadas por la Policía Municipal de Madrid y la Agencia Tributaria de Vigilancia Aduanera.

Una de estas operaciones tuvo lugar el 24 de octubre de 2024 por parte de la Policía Municipal. Ese día hubo varias intervenciones, una de ellas en un local de la calle Princesa y otra en Benito Gutiérrez, ambas del distrito Moncloa-Aravaca. “En esa tienda trabaja mi mujer, que es quien la gestiona; también mi cuñado, mi cuñada y mi sobrino. Es un negocio familiar, una tienda de unos 15 metros”, afirma a elDiario.es Pablo Gutiérrez, uno de los afectados. “Bueno, era, porque al final la acabé cerrando, desgraciadamente”.

—¿Por qué la cerró?

“La tuve que cerrar por acoso, por intimidación, porque vinieron cuatro veces, siempre me quitaban toda la mercancía y acabaron deteniéndome. Sí, sí, me amenazaban permanentemente, literalmente”, insiste Gutiérrez, quien añade que, según su versión, siempre le incautaban grandes cantidades de productos y que en cada actuación había un mayor número de policías. “Es que el aforo de la tienda ya estaba sobrepasado solo con los policías que había, era increíble”, lamenta el empresario.

En el caso de Gutiérrez, el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid acordó, en un auto del 25 de marzo de 2025, el sobreseimiento provisional y archivo de la causa después de haber sido acusado de un delito de tráfico de drogas y contra la salud pública. El mismo juzgado resolvió, el 27 de junio, la devolución de los productos incautados al afectado, tras informe favorable de la Fiscalía. La resolución fue notificada a la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid.

Ramón Merino, socio de Gutiérrez, afirma que cinco agentes intervinieron uno de sus locales también el 24 de octubre. Incautaron productos por valor de más de 3.100 euros y le imputaron un delito contra la salud pública, según una denuncia presentada ante la Policía Nacional, a la cual ha accedido este diario. Según su versión, la Policía Municipal de Madrid alegaba que el local no disponía de licencia de actividad, aunque el empresario precisa que había presentado “una declaración responsable”. “Desde ese momento se mantuvo comunicación directa y clara entre mi persona y el agente a cargo de la operación”, añade Merino, lo cual ha podido ser comprobado por este diario.

Ambos socios sufrieron entre noviembre de 2024 y enero de 2025 tres intervenciones más. El 8 de noviembre se incautaron 532 artículos por valor de más de 3.200 euros, según Merino, cuya denuncia añade que la intervención “no reflejaba con exactitud los productos incautados, detectándose nuevamente irregularidades”.

Los empresarios eran detenidos por vender CBD

En una tercera, el 15 de enero de 2025, en una de las tiendas de Merino se incautan productos por valor de casi 3.000 euros. Ese día, el encargado del local, y el propio Merino fueron detenidos y permanecieron bajo custodia policial sin ser puestos a disposición judicial, según su testimonio. “Se ha vuelto a hacer otra inspección, en la tienda de CBD, porque lo que ustedes están vendiendo se considera droga”, afirma el agente que procedió a la detención de Ramón Merino, según las grabaciones aportadas por el mismo, a las cuales ha accedido este diario. “Tanto los cogollos, como las resinas, como todo lo que tenga cannabis está prohibido según la legislación vigente”, añade. “Se va a proceder a la detención de los dos por venta de droga. Ahora mismo va a quedar la tienda cerrada. A partir de ahora, cada vez que se produzca esta venta, se le va a detener directamente”, insiste el agente. Acto seguido, procede a leer sus derechos a los dos detenidos.

Según la denuncia presentada ante la Policía Nacional, la intervención se justificó en que tres muestras que fueron obtenidas en los controles anteriores eran “estupefacientes”. “Extremo que como pudimos comprobar mi letrado y yo era totalmente falso”, defiende Merino. El empresario lamenta que no se les ha aportado el atestado que pudiera demostrar tales afirmaciones, ni tampoco copia alguna, a pesar de que los afectados lo han solicitado, afirman, en los archivos de la Policía Nacional de la comisaría de Moncloa. En el operativo se requisaron 493 productos, que en el acta de intervención cautelar de la Policía Local se describen como paquetes de “cogollos”, tarros de resina y vapeadores de CBD.

Ese día también hubo una intervención en la tienda de la calle Benito Gutiérrez, donde agentes locales se presentaron alegando que los resultados del laboratorio “habían confirmado la presencia de sustancias estupefacientes”, según el testimonio de Pablo Gutiérrez. Tanto él como el empleado del establecimiento fueron detenidos y puestos a disposición policial un día después. Según afirman, quedaron en libertad sin pasar a disposición judicial debido a que la Policía Nacional habría observado “irregularidades” en el proceso de detención. El afectado lamenta que un día antes se ordenó el cierre del negocio “sin previa resolución judicial ni notificación administrativa”.

El 30 de enero de 2025 tiene lugar una cuarta intervención, en la cual unos diez agentes de la Policía Municipal de Madrid incautan, en una tienda de Merino ubicada en el barrio de Hortaleza, una gran cantidad de productos cuyo valor no han podido cuantificar. Aquel día, según el testimonio de Merino, dos de sus empleados fueron arrestados sin causa que lo justificara y se emitieron denuncias “por hechos presuntamente falsos”, que coincidirían con las operaciones anteriores.

Por todo ello, los afectados solicitan la “suspensión inmediata de nuevas intervenciones en los locales y oficinas” de la empresa hasta que el juzgado encargado de conocer las intervenciones dicte instrucciones pertinentes, según consta en la denuncia presentada el 31 de enero. Asimismo, piden que bajo ningún concepto se destruyan los productos incautados, sino que sean resguardados bajo inventario judicial “con el fin de evitar posibles irregularidades en su tratamiento”.

elDiario.es ha contactado con la Policía Municipal de Madrid, del distrito Moncloa-Aravaca, para conocer la posición del organismo local sobre el CBD, así como el motivo de las operaciones policiales, sin que haya sido posible obtener una respuesta en el momento en que se publica este reportaje. Este diario también consultó al Ayuntamiento de Madrid —tanto a alcaldía como a la concejalía de Seguridad, de la que depende la Policía Local— si tenía constancia sobre tiendas de CBD que operaran irregularmente y cuál era la posición del consistorio sobre el producto. “Hemos trasladado la petición a la Policía Municipal”, se han limitado a responder fuentes de la concejalía de Seguridad.