El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido clasificar como secreto de Estado el polémico despliegue del Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Furor’ , enviado el pasado mes de septiembre para escoltar a la flotilla activista con destino a Gaza . La resolución oficial, firmada por la Dirección Jurídica de Moncloa , asegura que revelar cualquier información sobre esta operación supondría un riesgo grave para la “seguridad nacional y la defensa” .

A pesar de que el propio Sánchez anunció la misión públicamente durante su intervención en la Asamblea General de la ONU , ahora Presidencia del Gobierno afirma no tener constancia documental de instrucciones emitidas al respecto. Este giro ha desatado una nueva ola de críticas por la falta de transparencia y el uso selectivo del secreto oficial para blindar decisiones controvertidas .

Moncloa niega dar instrucciones por escrito

La resolución, fechada el 4 de noviembre y firmada por Isabel León , directora jurídica de la Presidencia, asegura que no existe ningún documento en el que consten las órdenes directas del presidente al Ministerio de Defensa en relación con la misión del Furor . Esta afirmación contrasta con la contundencia del mensaje que el jefe del Ejecutivo lanzó desde Nueva York, donde exigió “garantizar el derecho de nuestros ciudadanos a navegar con seguridad en el Mediterráneo” , aludiendo a la presencia a bordo de varios españoles, como la exalcaldesa Ada Colau .

Pese a ese discurso institucional, el Gobierno remite ahora la responsabilidad de cualquier explicación al Ministerio de Exteriores , que tampoco ha aclarado qué tipo de ayuda solicitó la Flotilla ni con qué base jurídica se movilizó el buque de guerra.

Defensa blinda la operación con la Ley de Secretos Oficiales

El Ministerio de Defensa , por su parte, ha invocado la Ley de Secretos Oficiales de 1968 —una norma vigente desde la dictadura de Franco— para evitar rendir cuentas sobre esta acción militar . En un escrito firmado también el 4 de noviembre por el teniente general José Antonio Herrera , Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa , se recalca que la información sobre el despliegue del Furor es “operativa clasificada” y que su divulgación pondría en peligro la seguridad nacional .

El alto mando militar argumenta que, según los Acuerdos del Consejo de Ministros de 1986, 1994 y 1996 , el movimiento de unidades militares como el BAM Furor está clasificado genéricamente como “SECRETO” . En consecuencia, no se puede facilitar ni el contenido de las órdenes, ni los detalles logísticos, ni la evaluación de riesgos de la operación.

Contradicciones con la gestión de crisis internas

Este recurso al secreto de Estado ha generado críticas en el ámbito jurídico y político, especialmente por el doble rasero del Ejecutivo. Mientras se alega la necesidad de proteger la seguridad nacional en Gaza , el Gobierno ha evitado asumir responsabilidades en otras crisis graves recientes en territorio español, como la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana , los grandes incendios forestales o el apagón que afectó a miles de hogares .

Fuentes jurídicas consultadas por El Debate califican esta actitud como una “dejación de funciones” y acusan a Sánchez de eludir el marco legal de la Ley de Seguridad Nacional de 2021 , que le obliga a asumir el liderazgo directo en situaciones de emergencia dentro del país.

Opacidad institucional y coste público

Resulta llamativo que una operación anunciada con tanto boato y visibilidad internacional se haya convertido en materia reservada sin rastro documental . A ello se suma el elevado coste económico que supuso la repatriación de los activistas , las protestas diplomáticas surgidas , y el riesgo real de un incidente internacional con Israel.

La paradoja no pasa desapercibida: mientras Sánchez actúa con extrema cautela informativa en una operación exterior motivada por razones ideológicas , en las catástrofes nacionales prefiere señalar a las comunidades autónomas , especialmente si están gobernadas por partidos de la oposición .

Silencio ante una misión controvertida

Ni Defensa , ni Exteriores , ni Moncloa han ofrecido explicaciones convincentes sobre por qué se activó un buque militar para escoltar una flotilla de carácter político , quién autorizó esa intervención, qué riesgos se valoraron, ni cuál fue el criterio estratégico o diplomático que justificó su envío .

Tampoco se ha detallado qué protocolos de seguridad se activaron , qué comunicación previa existió con países aliados , ni si la participación española estaba coordinada con la Unión Europea o con la OTAN .

Lo único confirmado por el Ejecutivo es que el asunto queda blindado bajo la categoría de “SECRETO” y que no se aportará más información al respecto .